Periódico Proclama

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FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO CON POSICIONAMIENTO POLITICO MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO 5SENTIDOS

FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO CON POSICIONAMIENTO POLITICO

MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO 5SENTIDOS

En los anales de la historia, la Población con Discapacidad-PcD, sus cuidadoras(es) han venido en una lucha por reivindicar sus derechos, como los ciudadanos de esta Colombia hermosa; muchas han sido las luchas, incontables tal vez, invisibles otras pero certeras al final. En un ejercicio de fortalecimiento democrático el colectivo de Población con Discapacidad, sus cuidadoras(es) y cuidadores en un ejercicio de empoderamiento, visibilización y reconocimiento a la luz del enfoque de derechos y los principios básicos de participación, equidad, justicia social, capacidad, desarrollo social y ambiental, como imperativos categóricos deciden consolidar el Movimiento Significativo 5Sentidos. Así el fenómeno de la globalización ha adquirido una preponderancia económica impulsada por fuerzas económicas y cambios tecnológicos que exigen por parte del gobierno que sea catalizador, comprometido con la comunidad, en especial, la considerada de alta vulnerabilidad como refiere Sartori (1989) “está especialmente abierto a, y depende de, la tensión entre hechos y valores”. En este sentido las relaciones entre lo público y lo privado se condensan en el tipo de sociedad que se quiere y que desde los diferentes pilares se construye, es justo aquí donde nace aquello que Hernando Suarez ha denominado la capacidad del Sistema Político para ejecutar Políticas Publicas dirigidas a la realización de un proyecto, retomando la importancia que tienen estas políticas o de qué forma estas determinan la política, las instituciones y el Estado, en otros términos, el análisis de las Políticas Publicas tiene como objetivo principal la identificación concreta de los actores que intervienen en un proceso de definición, decisión y de implementación de una política que busca poner a la luz las posiciones, intereses y objetivos de esos actores (Lagroye, 1991:439).

Es entonces bajo el postulado de A. Sen(2000) el paradigma de desarrollo humano la perspectiva de la capacidad, señala que la pobreza no es solo un problema material y en consecuencia hay otras privaciones que tiene que ver con la carencia de valores ligados a una sociedad, carencia de instituciones políticas, ausencia de espacios democráticos y de Participación, que podrían encontrar a considerarse como elementos de pobreza que afectan a las personas. Bajo estos postulados, el Movimiento Político 5sentidos es un organismo asociativo de participación política y democrática, constituido según las leyes de la república de Colombia, que busca la defensa, garantía, restitución de los derechos fundamentales y sociales de todas las personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadores; apoyando los procesos efectivos de inclusión, equidad y generación de oportunidades, que al año 2019, conquistará curules en el concejo de Bogotá y en las Juntas Administradoras Locales; con el apoyo de todas las Personas con Discapacidad – “PcD”, cuidadores, cuidadoras, militantes y demás población.

El Movimiento es una organización política de centro, amplio, diverso, pluralista, defensor de los valores democráticos y articulador de los distintos procesos sociales, que en el marco del Estado Social de Derecho, se concibe como herramienta que propende por apoyar y fortalecer la representación política de las personas con discapacidad y sus cuidadores, para propiciar la equidad, la ayuda mutua, la construcción de tejido social, la convivencia ciudadana y la generación de planes, programas y proyectos socio-Políticos, que beneficien a las personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en general. Su domicilio principal de 5SENTIDOS será la ciudad de Bogotá D.C. y su ámbito territorial de operaciones se extenderá a todo el territorio nacional de la República de Colombia y en consecuencia podrá establecer oficinas y sucursales en cualquier parte del país, según sean necesarias para la prestación de sus actividades políticas, de conformidad con las normas legales vigentes para tales propósitos.

Está conformado por las Directivas de hombres y mujeres, para administrar por un periodo de cuatro años, serán removidos o reelegidos cuando las circunstancias lo ameriten; gozarán de toda la participación, representación y garantías aprobadas por la constitución Política de Colombia y las normas actuales para llevar a cabo las funciones de participación política electoral, actividades que serán realizadas de forma voluntaria sin retribuciones monetarias, indemnizaciones o pagos de honorarios por ningún concepto; tendrán la potestad de tomar las decisiones con jerarquía, asumir el manejo de los recursos financieros y son los únicos en otorgar la destinación de avales a las personas elegidas para candidaturas a todas las Corporaciones Políticas-Administrativas del Estado. Los líderes de cada localidad: tendrán los mismos derechos de participación política para elegir y ser elegidos, llevarán la administración y control de todas las gestiones en la localidad de su residencia, gozarán de los privilegios para la organización y planificación de los eventos electorales de logística, promoción y divulgación de las tareas con los candidatos y militantes de su entorno. Así como los candidatos que tengan el visto bueno y cumplan con los requisitos (personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras); serán avalados por el Movimiento 5SENTIDOS y se les ofrecerá todas las capacitaciones y respaldo de los fundadores Directivos, así mismo tendrán el respaldo en divulgación publicación y promoción para alcanzar los objetivos trazados. Las personas que aspiren a ser candidatos por el Movimiento Político 5SENTIDOS, pero son convencionales sin ninguna discapacidad, deben mostrar todos los objetivos y logros realizados con las PcD, que sean vigentes sus actividades con esta población, ser aprobados y evaluados por los Directivos; Todos los militantes (poblaciones de Afrodescendientes, Etnias indígenas, LGBTI, Grupos religioso espirituales y otros), disfrutarán de todas las garantías de pertenecer al Movimiento y serán incluidas en la base de datos, también se les delegarán funciones en las actividades pertinentes en el desarrollo electoral; tendrán todas las facultades para elegir con su voto a los candidatos del Movimiento Político.

Queremos contar con usted, cuente con nosotros; nuestra y su oportunidad es ahora o nunca. (Directivos 5Sentidos)

Hasta cuando permitiremos que el Sistema de Salud siga pasando por encima de los derechos de las PcD?

Hasta cuando permitiremos que el Sistema de Salud siga pasando por encima de los derechos de las PcD?

Por: María Patricia Sarmiento

La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad expresa en su Art. 4, Numeral 1 Literal a) :

Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención.

En este sentido, la Corte, como organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público al que se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, según el Art. 241 de la Constitución tiene como función: Decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano y de las leyes que los aprueben, por loque mediante la sentencia C-293 del 2010, la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y la Ley 1346 de julio 31 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’

Adicionalmente, en el año 2013 se expide la Ley Estatutaria 1618 para el goce efectivo de los Derechos de las personas con Discapacidad. Sin embargo, pese a contar con este amplio marco normativo de orden internacional y nacional y a que Colombia es un estado social de derecho en el que supone la protección de las personas con discapacidad, hoy continúan vulnerándose los derechos de éstas, en especial el derecho a la habilitación y rehabilitación y el de la salud claramente definidos en los art. 9 y 10 de la Ley 1618 y se incumple lo consagrado en la Ley Estatutaria 1751 del 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, contraviniendo lo dispuesto no sólo en los Los Art. 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia que determinan que la seguridad social es un servicio público y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Pese a todo este marco normativo y a que una de las obligaciones del estado respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, hoy vemos como las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores se ven avocadas a mendigar la salud y a acudir a las vías de hecho para recibir atención, medicamentos, servicios de transporte y enfermería; servicios que además han sido asegurados a través de la acción de tutela, ya que de lo contrario no se puede acceder a ellos por encontrarse fuera del Plan Obligatorio de Salud.

Del mismo modo, la ley 1751, en su Art. 11 menciona: Sujetos de especial protección. “La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención…..”

No obstante esta consideración especial, que también está consagrada en la Constitución Política Colombiana hoy vemos con impotencia como mueren por negligencia médica y sufren un mayor deterioro en su salud las personas con discapacidad y un mayor desgaste y afectación en su salud las cuidadoras y cuidadores de ésta población. Un claro ejemplo de ello es el caso de David, un niño con discapacidad generada por una enfermedad huérfana, quién murió en la Fundación Cardio Infantil,   al negársele los cuidados especializados en la unidad de cuidados intensivos, habiendo adquirido una infección pulmonar en una hospitalización por estatus convulsivo, siendo ésta una decisión de una junta médica que pasó por encima del clamor de sus padres, quienes rogaban no aplicar “eutanasia” ya que su deseo era que se hicieran todos los esfuerzos médicos hasta el final.

Hasta cuando permitiremos que el Sistema de Salud siga pasando por encima de los derechos de las personas con discapacidad y por encima de los fallos judiciales, afectando de manera directa la salud de las personas con discapacidad y de manera indirecta la salud física y mental de sus cuidadoras y cuidadores por la carga emocional que significa el para éste destinar más tiempo para trámites de servicios de salud, y hacer cumplir los fallos de tutela descuidando el cuidado de la persona a su cargo, por cuenta de las barreras que impone el sistema.

De otra parte los servicios prestados son tan restringidos que como POS solo sirven para gripas o pequeñas infecciones, donde lo único que es de fácil acceso es al Acetaminofén y somos testigos de que cada día se cierran más las oportunidades de tener vida, o mejorar la calidad de vida o el derecho a gozar de una vida digna. Estas múltiples acciones generadas por el mismo estado que Constitucionalmente se comprometió a respetar y garantizar la vida, (Art. 2 CPdeC) es el mismo que nos está matando de abandono por permitir toda clase de negligencia a las EPS-S prestadoras del servicio de salud y por permitir la corrupción con los recursos de la salud.

La negligencia de estas EPS-S han contribuido de forma silenciosa pero certera para que la negligencia, el abandono y la indolencia médica termine con sus vidas, al ser tratados como ciudadanos de quinta y no deje huella de las razones por las cuales murieron. ¿Quién responde por estos daños causados a los usuarios?

A todo lo anterior se suma la omisión de los entes de control y de los defensore de derechos humanos que centran su atención en otros aspectos de “mayor importancia”.

EL MINISTERIO DE SALUD Y OTROS DEMONIOS

EL MINISTERIO DE SALUD Y OTROS DEMONIOS

Por: Carolina Corcho

MD Psiquiatra

El año 2013 finalizó con un indiscutible triunfo del Movimiento que lideraron distintas organizaciones del sector salud que hoy convergen en la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, que logra detener el voto a pupitrazo del proyecto de reforma a la salud de ley ordinaria que el Gobierno había logrado aprobar en plenaria de Senado en un circense acto precedido por un decreto presidencial que aumentaba los honorarios a los legisladores. Por ese mismo ferrocarril aspiraba el Gobierno transitar en el debate por Comisión Séptima de Cámara y Plenaria con un saldo al final de año de dos ponencias negativas radicadas por seis fuerzas políticas distintas, algunas de ellas cercanas al propio Gobierno.

La desesperada respuesta del Gobierno de salir en el mes de diciembre con publicidad televisiva anunciando una reforma que sólo contaba con dos ponencias negativas en el Congreso, fue la confirmación de la desestructuración legislativa que sufrió al Ministro al no haber logrado poner de acuerdo a la bancada del gobierno, ni si quiera en la radicación de una ponencia.

Lo que se evidenció es la oposición de la totalidad del sector salud a la propuesta gubernamental porque hasta el sector hospitalario privado que en algún momento auxilió al Ministro expresando en medios el desacuerdo con el hundimiento de la reforma, han expresado su oposición en puntos fundamentales del confuso anti técnico y mermeladoso texto que aprobó el Senado, que en el fondo contiene el núcleo esencial de la ley 100: la intermediación financiera.

Pero, en ese desasosegado diciembre en el Ministerio de Salud, el Gobierno lanza mensajes de júbilo y titulares de prensa que envían el falso mensaje de que por decreto se están tomando las grandes y novedosas medidas de fondo que van a salvar al sector. Una de ellas es la regulación de 300 medicamentos, lo que no enuncia es el denominador de los 15 mil moléculas existentes. Anuncian el ingreso de 70 nuevas tecnologías en la actualización del POS, lo que omiten es que en la ley estatutaria que aprobaron el primer semestre y está en control de la Corte Constitucional limitan la tutela que la Defensoría del Pueblo ha demostrado se aplica sobre procedimientos POS que las EPS niegan de manera sistemática.

Anuncian el acto heroico de vigilancia y control del Ministerio y la Superintendencia en donde descubren que más de la mitad de las EPS no cumplen con los patrimonios exigidos por la ley, omiten que esto lo hemos venido denunciando desde hace varios años, y que de hecho, desde la creación de la ley 100 se ha denunciado que de por sí la figura de la EPS como aseguradora privada e intermediadora financiera fácticamente posibilita la desviación de recursos públicos de la salud con fines distintos a su destinación específica y esto deriva en la negación de servicios. Debo anotar que en la actual reforma quieren legalizar esto que hoy es ilegal, y lo quieren hacer en contra del ordenamiento constitucional del país, pero sobretodo en contra de miles de colombianos que en este momento están muriendo porque esos recursos no están financiando sus tratamientos para el cáncer u otras enfermedades, sino apalancando negocios financieros de particulares.

Salen a decir que autorizaron la compra de cartera para solventar la deuda de casi 7 billones de pesos que las EPS tienen con la red hospitalaria, lo que omiten es que en el caso del Hospital Universitario del Valle, que tiene un déficit aproximado de 220 mil millones de pesos que si fueran pagados quedaría con superávit, le van a comprar la cartera sólo por casi 18 mil millones. Recuérdese que hace algunos años cuando el sector bancario quebró, el gobierno desesperado implementó medidas rápidas de salvamento y nos hicieron pagar a los colombianos el 4 por mil. Los hospitales perecen hace años y los gobiernos voltean a mirar para otro lado porque para la salud no hay plata.

Sin embargo, la intencionalidad del Gobierno de apalancar el negocio de las aseguradoras privadas de la enfermedad con recursos de los colombianos es tan claro que al Ministro de cuando en vez se le chispotea, y explícitamente anuncia en una presentación que realiza a Fedesarrollo que el objetivo de su reforma es disminuir el gasto en salud de la clase media, es decir, que este sector asuma de su bolsillo los tratamientos, anuncio que es coherente con el articulo 20 y 21 del texto de reforma que salió de Senado en donde todo apunta a reeditar la escandalosa emergencia social de Uribe que terminó retirando luego de una multitudinaria movilización social.

En otra salida, el Gobierno a través de la Superintendencia de Salud, que entre otras cosas, se dedicó a ejercer funciones de contraloría y no de garantizar la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, anuncia que va a levantar la intervención que había hecho en Saludcoop desde el 2011, por considerarla una “víctima” de una o dos personas que saquearon los 1,4 billones que encontró la Contraloría General de la Nación, la propuesta es devolvérsela a las mismas cooperativas y accionistas que estaban allí cuando se desvió este billonario recurso a lo que la Contralora respondió “es una burla al país”. Omiten que la privatización de recursos públicos de la salud que contiene la reforma y el pago de tres UPC a las gestoras que proponen, podría terminar exonerando a Palacino y a los que han saqueado y quieren seguir saqueando recursos de la salud de las sanciones penales y fiscales de las que hoy son acreedoras.

Finalmente, para que no digan que sólo criticamos, debo indicar que la regulación de medicamentos es la dirección correcta, el control fiscal de las EPS también que siempre nos gustara como médicos y pacientes que se amplíe el POS, pero que esto dista siglos y kilómetros de las medidas de fondo que se requieren para resolver los problemas de la salud en Colombia, y lo que sí parece es una cortina de humo y un hábil acto de efectismo político para revertir una opinión pública que está mirando con ojos de sospecha la reelección del presidente Santos, su muy dudosa política social y la desacertada labor que ha desempeñado el ministro Gaviria que no colmó las expectativas que como académico y periodista había suscitado, en un país en donde existen muchas personas con la claridad técnica y política para enfrentar un problema que hemos estudiado y sobre el cual existen propuestas alternativas serias y sustentadas.

Continuaremos en la lucha este año. Encontrarán en nosotros oposición, si siguen por el mismo camino de la reforma, sin embargo, muchos estaríamos dispuestos a acompañar un titular de prensa de una acción efectiva: el salvamento del Hospital Universitario del Valle como Institución estatal, de altísima rentabilidad social y científica para el país y América Latina, no tercerizada, esto le cuesta al Estado colombiano 220 mil millones de pesos, una cifra irrisoria comparada con el billonario desfalco de las EPS que el Gobierno hoy quiere rescatar. ¿Se le apuntan señores Ministro de Salud y Hacienda a salvar este hospital, así no lleguemos a ningún acuerdo en la concepción que ustedes tienen de la Reforma y la ley 100?

Jesús Santrich: “¡Jamás permitiré que me extraditen!”

Jesús Santrich: “¡Jamás permitiré que me extraditen!”

 

En su primera entrevista para medios de comunicación luego de su detención, el líder de la extinta guerrilla se defiende de las acusaciones que el fiscal Néstor Humberto Martínez y la DEA hacen en su contra, advierte de la crisis en la implementación de los acuerdos de paz reflejada en la desnaturalización de la JEP por parte del uribismo, y lanza un mensaje al país para no desfallecer en la búsqueda de la paz con justicia social

Redacción política

-El país ya conoce los elementos de juicio que tienen los Estados Unidos en su contra. Hablan de dos audios en donde usted acepta una cita para hablar sobre proyectos productivos ¿puede contarnos el contexto de esos audios?

–El contexto de los audios es el de mi trabajo como integrante de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación e Implementación, Csivi, en el que entre otros asuntos, me correspondía promover la implementación de los acuerdos, lo cual incluía atender propuestas que aparecieran en el campo de la reincorporación. Cientos de reuniones y conversaciones tengo sobre esos temas con múltiples empresarios y entidades.

En esas circunstancias aparece Marlon Marín, buscando acercar gente interesada en apoyar la reincorporación. Él llega con la idea de proyectos de granjas “Econativas” para los ETCR, proyecto en el que se formularon estudios auspiciados por agencias de la ONU y personal de la oficina de Ministerio del Posconflicto. Marín entonces lleva a unos supuestos empresarios mexicanos que querían ayudar supuestamente en este tipo de inversiones.

Se realizó una reunión para eso, para manifestar la intención de presentar un proyecto y quedaron en que ellos continuaban haciendo las gestiones con el Gobierno. Después de esa reunión primera, es que Marín insiste en una segunda donde los empresarios presentarían detalles del proyecto. Buscando ese segundo encuentro es que me hace una llamada insistiendo en que los atienda. En esa llamada que ya es pública queda claro que me insisten en que los atienda para hablar de proyectos productivos y no de ningún negocio ilícito. Con esta gente no hablo cosa distinta diferente a los proyectos productivos en reuniones de muy pocos minutos.

El Fiscal se ha visto obligado a revelar los audios que decía tener en mi contra que simplemente dan cuenta del montaje de la DEA, del Estado colombiano y de personas que usan para fabricar el engaño, aludiendo a mí sin mi concurso; por eso el desespero que se les nota en pedir que los atienda: está claro que necesitaban involucrarme de cualquier manera.

Al final no son más que conversaciones donde agentes de la DEA y sus colaboradores hablan entre sí y otras donde intentan gestionar una reunión conmigo para hablar de proyectos productivos. Ninguna prueba contundente ni concluyente de nada, como se atrevió a decir el entonces presidente Santos.

–Qué sigue en su defensa cuando ya se conocen las pruebas de la Fiscalía.

–Mi defensa desde el primer momento de esta oscura trama se ha centrado en demostrar las falsedades, en exigir que mi conducta la evalúe la JEP mediante un debate probatorio, que es lo que indica el Acuerdo de Paz y la norma constitucional en este tipo de casos (Artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017). Con certeza absoluta nadie podrá presentar pruebas porque se trata de una acusación sobre hechos que no ocurrieron.

Es por esa razón que existe todo un concierto institucional para evitar que en mi caso la JEP pueda realizar una sola prueba y tome las decisiones en derecho. No se trata solamente de mi caso particular, sino de la subsistencia misma de la JEP lo que está en juego.

–Su juez natural es la JEP, ya ha pasado los primeros casos y ya han sido llamados excomandantes a iniciar el proceso judicial en esa instancia. ¿Usted confía en su juez natural, la JEP?

–La creación de la JEP se dio a partir de nuestro cuestionamiento al “ius puniendi” y a la crisis de la jurisdicción ordinaria. Se procuró crear dentro del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, una jurisdicción fiable e imparcial, con el infortunio que el Congreso y el conjunto de la institucionalidad desfiguró enormemente sus características de origen consagradas en el Acuerdo. Pero como sea de momento es lo que menos contaminado está, a diferencia de las otras jurisdicciones, instrumentos fundamentales de la guerra. No puedo cuestionar su actuación porque apenas está iniciando su gestión surtiendo todo tipo de presiones.

El proceso de paz

–Hablemos del proceso de paz ¿Qué intereses están detrás de la sistemática agresión al proceso de paz?

–El proceso de paz está en crisis por los incumplimientos del Estado. Ha habido algunas realizaciones normativas, el acceso a ocho curules parlamentarias, unos pocos recursos de sobrevivencia para los excombatientes en el plano de este terreno en disputa que es la implementación. Pero en lo fundamental, la perfidia está configurada y atizada por sectores guerreristas como el uribismo, haciendo de protagonistas de la vindicta. Aunque los verdaderos titiriteros están en el bloque de poder dominante, en las transnacionales y el sector financiero, en la embajada gringa, que son los verdaderos factores de poder que quieren acabar con las FARC, no sólo con lo que eran como fuerza guerrillera, sino como el proyecto de cambio revolucionario que encarnan, así no tengan armas.

El Acuerdo está planteado como la suma de una serie de fórmulas para la superación de las causas del conflicto. El cumplimiento del acuerdo por lo tanto no se puede medir por fracciones, sino en la vocación o decisión política del establecimiento de superar las causas del conflicto. Y ya vemos cómo estamos. No hay reforma rural integral ni apertura democrática, y continúa la erradicación forzada a sangre y fuego, mientras en componendas parlamentarias se le pretende robar la verdad a las víctimas de crímenes de Estado. Sin alterar estas causas del conflicto, se está traicionando a la solución política.

–El Fiscal General de la Nación respondió a una nota que usted le envía “yo no respondo a los que están en la cárcel” ¿qué intereses defendería el Fiscal Martínez para estar empecinado en mantenerlo a usted tras las rejas?

–No esperaba un abrazo del Fiscal ni lo deseo. Lo que quería era que el país conociera las famosas “pruebas” con los que pretendía engañar incautos. Y eso se dio, al menos en lo que el Fiscal decía tener. Pero aquí el asunto no podemos dejarlo en la ojeriza del personaje contra mí. Puede haber un resentimiento, porque desde que asumió le critiqué públicamente su obstruccionismo contra el proceso de paz y dije que él debía explicar el país sus enredos con Odebrech; pero yo solo soy el inicio caprichoso de una estrategia de aplastamiento decidida contra la dirigencia, para borrar toda alternativa de resistencia y de construcción de nuevo país. Lo que nos ocurre, acentuando la guerra judicial y sin abandonar la guerra sucia, es lo mismo que sucedió dentro de la expresión de terror estatal en el marco de la lucha de clases a la Unión Patriótica y al conjunto del movimiento popular.

Tal vez a mí no me responderá por estar en la cárcel, pero al detenido Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, le va a tener que responder porque ya fue citado en el proceso por los sobornos en la vía Ocaña-Gamarra.

–Hay militares que han ido a la JEP para responder por los hechos del conflicto. ¿Cómo valora eso?

–La JEP se concibió para que en el post-acuerdo evaluara la conducta durante la confrontación, no solo de la insurgencia, sino de los actores de la larga guerra, incluyendo a militares y terceros, fueran estos o no agentes del Estado. No fue pensada como un tribunal de sometimiento de los excombatientes esa comparecencia de los militares y los demás indicados. Pero precisamente por parte de la desfiguración tratan de convertirla en tribunal de juzgamiento de la insurgencia aplicando además del derecho penal del enemigo.

Por demás no se puede perder de vista que ya la fuerza pública cuenta con una sala de definiciones jurídicas a las que se han acudido 1915 militares. Lo paradójico es que mientras los militares se amparan a la JEP, sus supuestos defensores los quieren sacar de esta. De por medio solo está el gran temor a la verdad que tienen todos aquellos que se beneficiaron de los crímenes de Estado perpetrados por los miembros de la Fuerza Pública.

Desnaturalizar la JEP

–Cree que hay un plan para judicializarlos fuera de la JEP. De ser así ¿cómo se debe evitar? Y ¿qué repercusiones puede tener en el proceso de paz?

–Desde antes de la firma del Acuerdo se observaba un afán de lograr el sometimiento de la insurgencia, más que un pacto de reconciliación, y la vía de materialización es la de la judicialización, la restricción del ejercicio político y la elegibilidad de la comandancia. Finalmente se suponía haber superado estos desencuentros con la redacción del acuerdo del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, en el que se incluyó la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Pero para el caso, se pretende que se use la verdad como factor de vindicta, tomándonos como victimarios per se, y para la JEP se redactó una Ley Estatutaria con tales variaciones que buscan convertir sus estrados en un tribunal de la inquisición contra los excombatientes. Incluso en la ley de procedimiento se intentó incluir artículos para colocar sobre la insurgencia la Espada de Damocles de la extradición, como si no se hubiera previsto que después de la firma del acuerdo abundarían las falsas acusaciones para lanzarnos a las fauces de la justicia ordinaria y de los tribunales yanquis.

Para evitar esto el único garante es el movimiento popular. Si no hay un apersonamiento del propósito de paz y del acuerdo por parte del movimiento social y popular no hay nada que hacer, pues la regresión nos conduciría a ciclos de violencia más terribles en la medida en que estarán alimentados por una pérdida total de confianza en las salidas dialogadas. La perfidia es una puñalada mortal contra cualquier intento de reconciliación.

–El Centro Democrático quiere desnaturalizar la JEP para militares y crear una sala especial en donde sean juzgados por jueces elegidos por el presidente Duque. ¿Qué opinión le merece?

–El Centro Democrático, con sus políticas militaristas y de vindicta desenfrenada, no sólo quiere desnaturalizar aún más la JEP y aplastar a la FARC. Que nadie se engañe, su propósito es el aniquilamiento de cualquier alternativa revolucionaria, así sea desarmada. Y este asunto de la sala especial para militares elegidos por el presidente, o introducir magistrados de su acomodo en todas las salas de la JEP, además de ser un despropósito respecto al mismo estado de derecho burgués, es un engaño para los mismos militares.

Las salas y tribunales de la JEP son más que suficientes, creería yo, si no se da la interferencia nociva y las presiones de las demás ramas del poder público. Escindir la JEP desequilibrando el sistema es abrir causales para que intervenga la Corte Penal Internacional por cuenta de subrayado que evidencia propósitos de impunidad, sometiendo el proceso a mayor inseguridad jurídica y política.

–Usted es uno de los representantes a la Cámara por FARC. Cuándo cese la prisión se posesionará en su curul ¿cuál será su trabajo allí?

–El equipo jurídico que me apoya ha insistido en lograr la posibilidad de no perder la curul en el Congreso, entendiendo que esta pela es por mantener las posibilidades jurídicas e institucionales de que el Estado retome el rumbo de la implementación del Acuerdo de Paz. Pero el Estado camina en el sentido contrario.

Desde la Presidencia de la Cámara de Representantes se ha demandado mi pérdida de investidura parlamentaria. Esta es una pelea que cursa en el Consejo de Estado y que expresa como se le ha violado no solo mis derechos políticos como persona en proceso de reincorporación, sino el compromiso del Estado de permitir esta curul al partido FARC. Se pactaron 10 curules, si hoy solo se pueden ocupar 8, hay perfidia del Estado e incumplimiento de lo acordado. Hay sectores del establecimiento que quieren es declarar la silla vacía y que el partido pierda la curul.

De manera calculada se pasa por alto que yo no tengo impedimento alguno en Colombia. Estoy privado de mi libertad sin tener ningún proceso en el país, y aún como prisionero se me negaron mi derecho a trasladarme a la posesión. Aspiro a que esta batalla la gane mi partido y quien asuma la curul siga las líneas programáticas que trazamos en el congreso fundacional y las del equipo parlamentario de oposición, la bancada alternativa en Cámara y Senado, en beneficio de las pobrerías de nuestro país. Parte de ello está en luchar por el cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y abrirle paso al proceso constituyente, que en el mediano plazo será la única forma de ganar una paz estable y duradera.

–Envíele un mensaje al país.

–Mi mensaje al país en primer lugar es el de la gratitud por la solidaridad que desde muchos sectores sociales he recibido, envuelto en la esperanza que todavía tienen en la posibilidad de alcanzar la paz. Pienso que hay que persistir en la búsqueda de propósitos de justicia social y en la construcción de una alternativa de cambio en convergencia sin sectarismos, sin dogmatismos, confiando en las capacidades transformadoras de los pobres, de las muchedumbres del movimiento social y de las organizaciones y partidos que representan los intereses de los desposeídos.

Aquí la unidad de los comunistas y revolucionarios juega un papel fundamental, sin caer en la trampa orientada a cazar enemigos en la izquierda. De mi parte tengan certeza que daré todo de mí, sin doblegarme y con el juramento reiterado de triunfar o morir en esta batalla. En mí no se consumará el arrodillamiento ni el chantaje pretendido. ¡Jamás permitiré que me extraditen! Mantengo en alto la consigna fariana de que Hemos jurado vencer y venceremos.

 

“Tengo el absoluto convencimiento que la búsqueda de la paz pasa por no cesar en la resistencia a dejarnos someter enredados en los hilos de los ‘George Soros’ y sus marionetas. Por eso las pobrerías excluidas de nuestra patria, no podemos quedarnos sin VOZ”: Jesús Santrich.

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