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Marco legal

COMUNICADO No. 05 Febrero 11 de 2013 LA “NORMALIZACIÓN” SOCIAL Y FAMILIAR QUE PROPUGNA EL ESTADO MEDIANTE LA LEY 361 DE 1997 NO SE PREDICA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN SÍ MISMAS CONSIDERADAS, SINO DE LA SOCIEDAD Y DEL ENTORNO FAMILIAR.

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Por el cual se establecen mecanismo de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO 3o. El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y la total integración de las personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447

de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.

ARTÍCULO 36. Los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos preponderantes de su formación integral.

2. Decisión

Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “la normalización social plena” contenida en el artículo 3º de la Ley 361 de 1997, en el entendido que refiere única y exclusivamente a la obligación del Estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “normalización de”, contenida en el artículo 36 de la Ley 361 de 1997.
3. Síntesis de los fundamentos
Le correspondió a la Corte Constitucional definir en esta oportunidad, si los objetivos buscados por la Ley 361 de 1997, de lograr la normalización social plena y la normalización del entorno familiar en que se desenvuelven las personas en situación de discapacidad, vulneran la dignidad humana y los derechos de igualdad y autonomía personal.
La Corte encontró que el concepto de normalización no tiene el significado discriminatorio que le atribuye el demandante, por cuanto no puede ser entendido

2 Comunicado No. 5. Corte Constitucional. Febrero 11 de 2013

como equiparación de las personas en situación de discapacidad con la población que no la tiene, sino que su interpretación debe hacerse de manera sistemática con la protección efectiva de los derechos de esas personas. En este sentido, la normalización no se refiere al sujeto en situación de discapacidad sino a la sociedad y a su entorno familiar, en aras de garantizar su inclusión real en la vida social. Es decir, que la normalización se concibe como una carga de la familia y de la sociedad, que no califica como tal al sujeto beneficiario de las acciones que se emprendan en esa dirección, sino como deber de los grupos sociales de crear las condiciones que faciliten la integración de las personas en situación de discapacidad sin barreras físicas, sociales y jurídicas.

Para la Corte, la noción de normalización no desconoce los derechos de igualdad y autonomía de las personas en situación de discapacidad, sino que se expresa como una acción que implica obligaciones de los demás frente a un sujeto que tradicionalmente se ha tratado de manera discriminatoria. En este sentido, cuando la ley establece el objetivo de lograr la normalización familiar y social plena, no alude a un criterio diferenciador de las personas en situación de discapacidad, sino por el contrario, a un factor de inclusión que debe ser propiciado desde la sociedad y la familia, para la participación integral del individuo sin barreras en la vida social y familiar. A su juicio, desde esta perspectiva, la normalización social y familiar por la que propugna la Ley 361 de 1997 resulta de un todo conforme con el derecho a la igualdad real y efectiva, los deberes estatales consagrados en el inciso final del artículo 13 y el artículo 47 de la Constitución, así como los compromisos adquiridos por el Estado colombiano al suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

4. Salvamento parcial y aclaraciones de voto

El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva estimó que la expresión demandada del artículo 36 de la Ley 361 de 1997 ha debido separarse del ordenamiento jurídico en consideración a que contiene elementos semánticos y de interpretación que comportan actos de discriminación. A su juicio, el modelo social que propone la inclusión de las personas en situación de discapacidad, de conformidad con los estándares internacionales, a través de la remoción de barreras, implica un mandato al Estado que debe ser de “inclusión” y no de “normalización”.

De otra parte, el magistrado Vargas Silva presentará una aclaración de voto respecto de la decisión de exequibilidad condicionada de la expresión “normalización social plena” del artículo 3º de la Ley 361 de 1997, por cuanto finalmente se acogió su propuesta original de inconstitucionalidad. Lo que no ocurrió con el artículo 36 (parcial).

Los magistrados María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio se reservaron la posibilidad de presentar una eventual aclaración de voto sobre aspectos de la fundamentación de esta sentencia.

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente

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