Periódico Proclama

icono-facebook  icono-twetter

Marco legal

Concepto sobre el Proyecto de Ley

pixview

en mi condición de Miembro del Consejo Nacional de Discapacidad en representación de las organizaciones de personas con discapacidad visual, respetuosamente me dirijo a Usted, con el fin de solicitarle que el Consejo Nacional de Discapacidad, en ejercicio de sus funciones, se abstenga de dar concepto favorable al proyecto de Ley de la referencia, en orden a preservar los mandatos de nuestra Constitución política y los propios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Colombia según la Ley 1346 de 2009 (Ley aprobatoria de un tratado internacional).


Si bien no tengo duda acerca de las buenas intenciones del señor Ministro del Interior al plantear esta iniciativa, el devenir del proyecto determinó que su articulado final constituya un retroceso gigante al reconocimiento y garantía de los derechos de la persona con discapacidad en Colombia, que el Consejo Nacional de Discapacidad no puede pasar por alto.

En particular, baso esta SOLICITUD DE CONCEPTO NEGATIVO al Proyecto de Ley en estudio fundamentalmente en las siguientes tres razones de inconformidad:

EL PROYECTO DE LEY CONDICIONA Y LIMITA SUSTANCIALMENTE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

Si bien el Proyecto de Ley contiene disposiciones buenas para las personas con discapacidad, lamentablemente TODOS LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD que dice garantizar, quedan TOTALMENTE SUBORDINADOS a la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. De esta manera, si no existen recursos en el presupuesto de la Entidad correspondiente, no se garantiza ningún derecho de la persona con discapacidad que este proyecto de Ley dice garantizar, como enseguida pasa a exponerse.

Sin embargo, antes de entrar en materia, conviene recordar que si bien la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona con discapacidad especialmente el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, no debe olvidarse que con fundamento en el principio de igualdad consagrado en su Artículo 13 categóricamente nos garantiza los mismos derechos que tienen las demás personas residentes en el territorio Nacional. Es más; nuestra Carta Política en sus Artículos 1 y 13 Inciso 3, va mucho más allá y establece para el Estado el deber de desplegar acciones de diferenciación positiva en favor de la población con discapacidad a efectos de lograr que en Colombia se garantice una igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad. En desarrollo de tal principio, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional es reiterativa al subrayar que la persona con discapacidad es titular de los mismos derechos que los demás ciudadanos, pero son sujetos de derecho diferenciables, en cuanto a que respecto de ellos el Estado tiene obligaciones adicionales que le imponen el deber de desarrollar acciones de diferenciación positiva en orden a lograr tanto una plena equiparación de oportunidades como una garantía de especial protección sin condicionamiento alguno.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Colombia según la Ley 1346 de 2009 obliga al Estado Colombiano a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad allí enunciados y le impone el deber de adoptar las medidas enumeradas en cada uno de sus Artículos para permitir el goce efectivo de tales derechos, sin que tampoco establezca condicionamiento alguno.

Como se puede observar, el marco Jurídico Colombiano existente en materia de los derechos de la persona con discapacidad es diáfano al garantizar los derechos de la persona con discapacidad, y con ello su exigibilidad.

En franca contradicción con el marco regulatorio expuesto, el Proyecto de Ley bajo estudio condiciona la garantía de los derechos de la persona con discapacidad a la existencia de disponibilidad presupuestal, de tal manera que en el caso de que este proyecto se convierta en Ley de la República, ninguna persona con discapacidad podrá exigir el goce efectivo de derecho alguno, ya que ante su ejercicio, la Entidad demandada sencillamente alegará que no puede garantizar tal derecho, por más que quiera, ya que carece de disponibilidad presupuestal para ello.

Obsérvese que metodológicamente el Proyecto presenta una estructura en la cual en su primer capítulo se dictan unas normas de carácter general, en tanto que a partir de su capítulo segundo se regula cada uno de los derechos de la persona con discapacidad en un Artículo independiente (Véanse los Artículos 6 y siguientes). En tal estructura se observa además, que en cada Artículo se dice garantizar un derecho (a la salud, a la educación, al trabajo, etc) y que a su vez, cada artículo se encuentra estructurado en dos partes. En efecto, en el primer párrafo de cada Artículo, se enuncia la garantía del respectivo derecho y se da contenido a esa garantía y por lo tanto al respectivo derecho. Con base en ello y al final de ese primer párrafo, típicamente como una segunda frase, se dice que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho allí regulado se implementarán, una serie de maravillosas medidas o acciones que se detallan a continuación en los siguientes párrafos.

Lo característico de este proyecto de Ley consiste en que al garantizar en su primer párrafo cada uno de los derechos allí regulados, finaliza este párrafo diciendo que tal garantía se otorga "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente", de tal manera que las medidas tendientes a hacer efectivo el goce del derecho así garantizado, únicamente se adoptarán si el presupuesto de la respectiva entidad lo permite.

En particular y como se ve en el articulado del Proyecto de Ley, "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente" se garantizan los DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD (Artículo 7 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" se garantiza la INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 8 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" se garantiza el ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS de las personas con discapacidad (Art. 9, núm. 1, 2, 4 y 5 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente" se garantiza a la persona con discapacidad el DERECHO A LA VIDA EN COMUNIDAD (Art. 10 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" se garantiza el DERECHO A LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL (Art. 11 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" se garantiza el DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 12 ib.); "de acuerdo con su disponibilidad fiscal y financiera" se garantiza el DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (Art. 13 ib.); "De acuerdo a la disponibilidad presupuestal" las personas con discapacidad tienen DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL ESPECIAL DEL ESTADO (Art. 14 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" todas las personas con discapacidad tienen DERECHO AL TRABAJO (Art. 15 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" se garantiza el ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones (Art. 16 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" las personas con discapacidad tienen DERECHO AL USO EFECTIVO DE TODOS LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE (Art. 17 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" las personas con discapacidad tienen DERECHO AL EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A ACCEDER A LAS COMUNICACIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES (Art. 18 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" el Estado garantizará el DERECHO A LA CULTURA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 19 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" el Estado garantizará el DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 20 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo facilitará las PRÁCTICAS TURÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 21 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" el Estado garantizará el DERECHO A LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 22 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" el Estado garantizará el ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 23 ib.); "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" se garantizará la PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SUS ORGANIZACIONES (Art. 26 ib.); y finalmente, "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" el Estado adoptará medidas para garantizar el ejercicio efectivo de TODOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD (Art. 27 ib.).

Con el nivel de detalle expuesto, la evidencia es contundente. EMITIR CONCEPTO FAVORABLE a este proyecto de Ley, significaría CONDICIONAR LA EXIGIBILIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD en Colombia A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXISTENTE en la Entidad Estatal competente. Por este motivo, dejo a la conciencia de los demás consejeros la decisión de mantener vivo el claro tenor de nuestra Constitución Política y de la Convención de Naciones Unidas o asumir el enorme riesgo de que todo Juez o funcionario de nuestra República quede legitimado para desconocer cualquier derecho que en el futuro pretenda ejercer la persona con discapacidad.

2. ELIMINACIÓN DEL CARÁCTER TRANSVERSAL DEL TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD EN COLOMBIA Y DESCONOCIMIENTO DE ASPECTOS IMPORTANTES DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO

Sobre este particular, son conducentes los siguientes comentarios:

a) De modo muy grave, al regular el Artículo 5O del Proyecto de Ley la materia general relativa a la garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión, asigna tal responsabilidad únicamente a las "entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local", que actúen "en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad".

Ello implica que todas las demás entidades públicas que no hagan parte de tal sistema (Véase Ley 1145), no son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad. De esa manera, se está desconociendo íntegramente el carácter transversal que desde hace muchos años, con razón, se le ha dado al tratamiento de la discapacidad, a las responsabilidades de las entidades públicas en su órbita de competencia respecto de la inclusión de la población con discapacidad y en fin, a toda la política pública que debe ser implementada y ejecutada en todos los niveles territoriales. Si se desea mantener el texto del Artículo 5o del Proyecto de Ley, será necesario eliminar el aparte relativo a ... "en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad".

b) De algún modo, el Proyecto de Ley desconoce su naturaleza como Ley Estatutaria. En efecto, conforme con el Literal a) del Artículo 152 de la Constitución Política, "Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;". En este orden de ideas, es evidente que por la naturaleza de la materia a la que se refiere, es evidente que a tal proyecto de Ley debe dársele el trámite de Ley Estatutaria desde un principio, pues de no ser así, su declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional estará asegurada.

c) El proyecto de Ley contiene particularmente en su Artículo 12 (garantía del derecho a la salud), múltiples disposiciones que no hacen parte de la regulación propia de la discapacidad ni de los derechos de las personas con discapacidad, si no que tienen que ver con el campo de la prevención. Como de Ustedes es sabido, lo relativo a la prevención de la discapacidad es un tema de Salud Pública que por su indebida regulación, siempre ha sido el aspecto que permite justificar asignaciones presupuestales para la discapacidad, sin que tales asignaciones realmente se dediquen a la discapacidad.

d) El proyecto de Ley asigna funciones al ICBF, al MEN, al SENA, a Artesanías de Colombia, etc que no tienen, con lo cual se pueden duplicar esfuerzos y por consiguiente se puede generar un aumento de los gastos de funcionamiento del Estado para la atención de la discapacidad, con la obvia consecuencia de que no alcanzará el dinero para realizar inversiones reales en la satisfacción de las necesidades de la población con discapacidad.

e) El proyecto de Ley por referirse a los derechos de la persona con discapacidad, no puede ni debe atribuir los derechos de la persona con discapacidad a sus cuidadores y cuidadoras. Las Organizaciones de personas con discapacidad visual que represento respetan y apoyan las justas exigencias de los cuidadores y cuidadoras, pero deja en claro que su merecida protección no se puede encontrar en el alcance de esta Ley.

f) El proyecto contiene múltiples disposiciones que ya forman parte del Ordenamiento Jurídico Colombiano en materia de discapacidad y lamentablemente no cobija iniciativas que los movimientos de la sociedad civil y particularmente las Organizaciones de personas con discapacidad hemos anhelado y que detallo en la matriz de Excel que se adjunta.

3. DESCONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA.

Finalmente, deseo advertir que este proyecto desconoció totalmente los mandatos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Colombia según la Ley 1346 de 2009, al violar lo dispuesto en su Artículo 4 numeral 3 y en su Artículo 33 numeral 3, al no garantizar la efectiva participación de las Organizaciones de personas con discapacidad en la discusión y formulación de este Proyecto de Ley. Haber realizado tres foros sobre el tema en los cuales a las Organizaciones de personas con discapacidad se nos brindó un espacio de máximo cinco minutos para exponer nuestras inquietudes, no puede entenderse como garantía de una participación efectiva y de realización de “consultas estrechas” de las Organizaciones de personas con discapacidad. Incluso CONALIVI al conocer la existencia de este proyecto de Ley a finales del mes de Junio, comenzó a trabajar y manifestó su fuerte apoyo a tan loable iniciativa. Lamentablemente, prácticamente todas y cada una de sus iniciativas que fueron reiterada y permanentemente remitidas al Asesor del Ministerio del Interior, no fueron si quiera discutidas. Por esta razón, en la matriz de Excel, me permito incluir nuevamente tales iniciativas, con la esperanza de que el Consejo Nacional de Discapacidad las haga suyas.

En los anteriores términos, aspiro haber motivado suficientemente mi solicitud de concepto negativo al proyecto de la referencia.

 

Pautas

PROCLAMA STEREO