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Marco legal

PROYECTO DE LEY: “GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

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La necesidad de ajustar la legislación colombiana en materia de Discapacidad, desde la perspectiva de los desarrollos conceptuales nacionales e internacionales, reguladores de la acción en política social, es un requerimiento del país para avanzar en la garantía del goce efectivo de los derechos de esta población.
Es necesario entonces profundizar sobre las posturas conceptuales que han marcado la orientación de la legislación sobre política social en Colombia, para entender por qué en determinadas circunstancias no se pueden abordar enfoques universales para atender las necesidades de grupos poblacionales que por sus condiciones de exclusión social, están por fuera de los beneficios del desarrollo.


A. ENFOQUE DE DERECHOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incorpora el concepto de Discapacidad en un sentido amplio, describiendo los aspectos que incluyen este concepto. Por esto el Artículo 1 además de establecer el propósito de la Convención, menciona que discapacidad incluye la deficiencia, la interacción con las barreras sociales, y la limitación para participar en igualdad de condiciones: “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”
Tanto el diagnóstico como las soluciones normativas de la Convención son propios del modelo social, para atribuirles la carga de las personas con discapacidad a las barreras sociales. En ningún caso, a las mismas personas con discapacidad en el llamado modelo de normalización de la discapacidad . Así, de un lado, la Convención señala el vínculo entre barreras sociales, exclusión y vulneración o limitaciones al pleno goce o ejercicio de derechos . De otro lado, instaura como finalidades y consagra como obligaciones para los Estados, la eliminación de barreras, de modo de hacer posible el ejercicio de derechos y la participación efectiva de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás miembros de la sociedad .

La discapacidad debe ser vista como una condición integral de la persona, la cual excede cualquier ámbito sectorial. Para una adecuada intervención, se deben generar objetivos y estrategias desde la salud, la educación, el trabajo, el deporte, el bienestar familiar y social para dirigir acciones encaminadas al fortalecimiento de las habilidades y potencialidades del individuo, sin descuidar, por supuesto, sus carencias. Los avances alcanzados hasta el momento en Colombia en términos de la formulación de la Política pública en discapacidad, toman como fundamento teórico el modelo planteado por la OMS, según lo expresado en el CONPES 80 de julio de 2004 . Así, el concepto de discapacidad ha evolucionado hacia una perspectiva holística y de carácter social que involucra el entorno, la sociedad y la cultura . El enfoque de derechos plasmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Ley 1346 de 2009, con sentencia de constitucionalidad C-293 de 2010, constituye una herramienta de política internacional, que es necesario armonizar con la legislación colombiana, soporte de las diferentes intervenciones que desde el sector público y privado se adelantan en discapacidad, con el fin de garantizar el desarrollo del enfoque de derechos en los diferentes planes, programas y proyectos que se realicen en el territorio nacional. Estos desarrollos deben tenerse en cuenta para generar las líneas de intervención transversal que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
En conclusión, el enfoque de derechos plantea que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos fundamentales inalienables e irrenunciables. El desarrollo está entonces orientado sobre los intereses del pueblo a partir de procesos de gerencia y gestión social en los que las comunidades tienen el poder y la capacidad de definir y decidir sus derroteros para su desarrollo. B. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD El reciente Informe Mundial de Discapacidad de la OMS señala que la discapacidad es una prioridad en materia de derechos humanos y de desarrollo, e indica que: “las personas con discapacidad presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad. En promedio, las personas con discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones -como inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, y acceso deficiente a atención de salud- y poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad” .
Más del 6% de las personas en el país tiene alguna discapacidad , y el 77% de las familias con alguna persona con discapacidad pertenece a los estratos más pobres y no accede a los principales servicios sociales, lo que hace que la discapacidad sea causa y efecto de pobreza (la persona con discapacidad y su cuidador están excluidos del mercado laboral, tienen mayores gastos familiares y menores oportunidades de acceso). Solamente en la Red Unidos, que es la estrategia de superación de la pobreza en Colombia se ha encontrado que el 12% de las familias pobres tienen alguna discapacidad, y que esta condición les genera mayores brechas para lograr su desarrollo social y humano.
Lograr superar la pobreza sin educación es imposible, y mientras que el 7% del promedio de los colombianos es analfabeta, las personas con discapacidad que no saben leer ni escribir es del 22%, y menos de la mitad de las personas con discapacidad llegan como máximo a algún nivel de la básica primaria. (Sólo el 46.8%), y sólo el 5% de ellos, llega a la educación superior.
“El desempleo es uno de los principales problemas que aqueja a esta población. Cerca del 70% de las personas con discapacidad se encuentran desempleadas o excluidas de la fuerza laboral”15. Según los resultados del registro, el 4.1% de la población mayor de 10 años, se encuentra buscando trabajo y quienes están trabajando son en su mayoría hombres. En los servicios de salud, aunque está afiliado un 70% de las personas con discapacidad, la cobertura en servicios no es la adecuada. Prueba de ello es que algo tan básico como una silla de ruedas no está incluido dentro del POS, aun cuando es un bien fundamental para su integridad, dignidad y autonomía, y debe recurrirse a la acción de tutela. C. GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS El proyecto plantea como objeto el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, esto es que no sólo se consagra la garantía retórica de los derechos como en anteriores normas, sino, que se avanza en el concepto de ejercer o disfrutar en la práctica del derecho por lo que se acude a: acciones afirmativas, ajustes razonables, y a la no discriminación, para el logro efectivo de esas consagraciones jurídicas.
El Goce Efectivo de Derechos (GED), fue conceptuado por la Corte Constitucional en el Auto de Seguimiento 116 de 2008, de la Sentencia T-025 de 2004, para verificar el avance o retroceso en la garantía de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. Por esta razón, hemos traído esta metodología de garantía de derechos aplicada a la discapacidad, con el fin de buscar la garantía efectiva de sus derechos, con unos indicadores medibles de su efectivo cumplimiento por cada una de las entidades responsables de ejecutarlos o hacerlos cumplir.
Esta metodología de medir el goce efectivo de los derechos, coincide plenamente con el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas (Ley 1346 de 2009, con Sentencia de constitucionalidad C-293 de 2010), instrumento que incorpora el enfoque de derechos de la discapacidad, buscando el pleno ejercicio de sus derechos como se observa en su artículo 1 (“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente…”).
Así encontramos que el propósito de la presente ley, desarrolla la Convención de Discapacidad, al fijar en su artículo 1 el mismo enfoque de derechos, con “mecanismos para su ejercicio y exigibilidad”. (Artículo 1º. OBJETO. El objeto de la presente ley es garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de acción afirmativa, de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas).
El goce efectivo de los derechos, incorpora mecanismos para la realización práctica de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso para proteger su dignidad y alcanzar su inclusión social. Este propósito se puede alcanzar a través de la garantía del derecho, de acciones afirmativas, de protección reforzada de los derechos de un lado y de la eliminación de la discriminación por razón de discapacidad, del otro.
La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en nuestro país por la ley 1346 de 2009, con sentencia de constitucionalidad C-293 de 2010, justamente consagra estos mecanismos de protección de derechos, acciones afirmativas (artículo 4º numeral 1 literales a y c), ajustes razonables (artículo 2º), protección especial y prohibición de la discriminación por razón de discapacidad (artículos 2º, artículo 4º numeral 1 literal b y artículo 5º numeral 2).
Por su parte, Colombia como Estado Social de Derecho, artículo 1º constitucional, la misma Corte Constitucional ha reiterado, que ésta cláusula no es retórica, que en realidad debe instaurar medidas a favor de los grupos que por su condición económica física o mental, se encuentren en situación de vulnerabilidad.
En suma, encontramos que el ordenamiento internacional y nuestra propia Constitución establecen estos mecanismos de protección a la población con discapacidad, que ya tiene un entramado normativo amplio, que ahora debe garantizar su efectividad jurídica, dando una verdadera protección a los derechos de la población con discapacidad. D. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Las normas internacionales relativas a los derechos Civiles y Políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, han sido llevadas al derecho positivo mediante instrumentos jurídicos por parte de los Estados miembros, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) , y en el sistema interamericano por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tales instrumentos reconocen el carácter de indivisibles e interdependientes de los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales como parte fundamental de la legislación internacional de derechos humanos, además de reconocer derechos y de generar obligaciones a los Estados para que los hagan efectivos.
Tal como se desprende del Principio de Limburgo, relativo a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturaleshttp://www.unhchr.ch/spanish/html/menu6/2/fs16_sp.htm - 4#4, el instrumento obliga a los Estados partes a garantizar la efectividad de los derechos mínimos de subsistencia para todos, sea cual fuere el nivel de desarrollo económico de un país determinado.
Por otra parte, vale la pena resaltar la tensión que presenta la distinción entre derechos civiles y derechos sociales, una parte, la doctrina tradicional, para quienes señalan la distinción entre obligaciones negativas y positivas: de acuerdo a esta línea de argumentación, los derechos civiles se caracterizarían por establecer obligaciones negativas para el Estado, mientras que los derechos sociales exigirían obligaciones de tipo positivo.
Planteadas así las cosas, encontramos necesario incorporar una nueva ley de discapacidad, desde la perspectiva de los derechos y su exigibilidad, pues es sabido que Colombia presenta un gran marco jurídico a favor de esta población, siendo necesario elevar su grado de exigibilidad. E. ACCIONES AFIRMATIVAS EN NUESTRO ESTADO SOCIAL DE DERECHO 1. CONCEPTO En la actualidad no existe consenso doctrinario sobre el contenido de la expresión acción afirmativa, sin embargo, se pueden mencionar las siguientes nociones de mayor aporte conceptual: a. El Comité para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Consejo de Europa considera que las Acciones Afirmativas son: “Una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales”. b. Cristina Torres experta de la OMS en el taller regional para la Adopción e Implementación de Políticas de Acciones Afirmativas para afro descendientes de América Latina y el Caribe en mayo de 2003, las ha descrito como “una política pública que se expresa mediante una norma legal, una decisión judicial o una decisión oficial que procura mejorar las oportunidades para grupos segregados en la sociedad por su condición de desventaja frente a los grupos dominantes”. 2. CARACTERÍSTICAS a. Las medidas de Acción afirmativa son deberes constitucionales de los poderes públicos y de los particulares;
b. Son de naturaleza transitoria y deben limitarse al periodo de tiempo necesario para lograr la igualdad en aquel sector que se desee;
c. deben establecerse mediante ley ya que afecta los derechos fundamentales de las personas. Estas características de las acciones afirmativas, nos señalan elementos que nos permiten fundamentar por su naturaleza justa, puesto que su finalidad reside en beneficiar a personas o grupos que sufren desigualdades históricas, sociales o económicas. 3. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Las medidas de acción afirmativa son medidas de carácter indirecto y podríamos distinguir, según las funciones que cumplen, las siguientes: medidas de concienciación, medidas de facilitación y medidas de retribución. a. Las medidas de concienciación son generalmente medidas de formación o de carácter publicitario que pretenden crear un estado de opinión o una sensibilización del problema, por ejemplo, las campañas de publicidad para la igualdad sexual.

b. Las medidas de facilitación, de impulso o de promoción son las medidas previas tendentes a la consecución del fin: la eliminación de la desventaja. Tratarán de promover e impulsar la igualdad para el futuro; dentro de ellas podríamos hacer una distinción entre: Medidas de incentivos para el aumento de los medios o la disminución de la desventaja: como podrían ser los casos de subvenciones, becas, y las denominadas medidas de reclutamiento; - medidas de discriminación inversa o positiva: se caracterizan porque en el caso de dos supuestos desiguales realizan un tratamiento desigualitario en beneficio del peor situado, ejemplos de medidas de discriminación inversa pueden ser el establecimiento de baremos distintos para hombres y mujeres, en beneficio de éstas; las cuotas o reservas de plazas para estos colectivos desfavorecidos en puestos de trabajo, centros de enseñanza o candidaturas; y - medidas de trato preferencial: El establecimiento de una prioridad o ventaja, o sea un trato preferencial o desigual en el supuesto de que exista una situación de partida semejante, entendiendo que se encuentra en una situación contextual de desventaja. c. Por último, las medidas de retribución, recompensa o sanción positiva: se trata de medidas que se adoptan tras la realización de la acción querida, por ejemplo: la asignación de un premio o una exención fiscal. 4. TRATAMIENTO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Estado Social de Derecho implica, la vinculación jurídica de las autoridades a unos principios tendientes a asegurar la efectividad de los derechos y deberes de todos, particularmente, mediante la previsión del mínimo vital, la promoción de la participación de los individuos en la vida política, económica y cultural, la protección especial a personas y grupos excluidos y la intervención en la economía con miras a corregir con medidas redistributivas las situaciones de grave desigualdad e inequidad existentes en la sociedad.
De manera más puntual se podría decir, por ejemplo, que la concepción de igualdad material que inspira el Estado Social de Derecho se manifiesta plenamente en el mandato de protección especial a los más débiles, en términos comparativos, en el manejo y el reparto de recursos escasos.
En este sentido ha sostenido la Corte, en sentencia T-499 de 2005 que: “La Constitución hace especial énfasis en la atención de los colombianos que se encuentran en situaciones de miseria o indigencia, cuya carencia de recursos y capacidades productivas los colocan en situaciones de manifiesta marginalidad, debilidad y vulnerabilidad. Por este motivo, los pobres absolutos quedan incluidos dentro del ámbito normativo de los incisos 2° y 3° del artículo 13 de la Carta, lo cual determina la obligación del Estado de implementar políticas de acción afirmativa que propendan la igualdad real y efectiva de este grupo de la población, que se orienten a resolver problemas acuciantes de su mínimo vital”. F. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD Para analizar la discriminación por razón de discapacidad, es importante mencionar la tendencia internacional de incluir las cláusulas de no discriminación bien por sectores sociales, condiciones de vulnerabilidad o marginabilidad.
En este sentido, es importante señalar, que en el ámbito nacional, la adopción de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en Guatemala el 7 de junio de 1999, entrada en vigor el 14 de agosto de 2001, e incorporada a nuestra legislación interna mediante la Ley 762 de 2002, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C- 401 de 2003 con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, significa un avance importante en la materia por cuanto recoge, por primera vez, una definición normativa y precisa del concepto de discapacidad, así como la eliminación de la discriminación por esta condición.
La conducta que describe la Convención, es la Distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad, percepción de una discapacidad. Por su parte, el efecto de la discriminación es el de anular, impedir o gozar de sus derechos y libertades fundamentales.
En desarrollo de esta Convención, si Colombia quisiera dar efectivo cumplimiento a su objeto, es necesario que implemente y propenda por el efectivo cumplimiento de las normas existentes en favor de las personas con discapacidad, buscando su integración social, tal como se establece el objeto de este proyecto de ley.
Igualmente, es necesario que se dé, desarrollo a la eliminación de todas las formas de discriminación por razón de discapacidad. Por esto, el proyecto sanciona las conductas que presente esta discriminación propendiendo por la protección integral de la víctima referida a la persona con discapacidad en condición de discriminación.
En este mismo sentido, sabemos que la acción de Tutela, no tiene el alcance para sancionar la discriminación, pues en realidad corrige la misma protegiendo el derecho fundamental, pero no imparte sanciones para las autoridades que discriminen, bien por acción o por omisión, tal lo contempla la Convención Interamericana y la de Naciones unidas.
Por esta razón, se quiere con esta ley, que el juez tenga la potestad de sancionar la discriminación por razón de discapacidad, recordando que el decreto 2591 de 1992, que reglamentó la acción de tutela, permite la reparación integral, por lo que se le puede atribuir la facultad de sancionar la discriminación por cualquier motivo. G. SANCIONES El proyecto de ley se ve en la necesidad de incorporar un capítulo correspondiente a las sanciones por el incumplimiento de las medidas a favor de las personas con discapacidad dado que se han incumplido las distintas fases para garantizar sus derechos.
En tal sentido, podemos ubicar tres momentos normativos de exigibilidad y garantías de los derechos de las personas con discapacidad como fueron la consagración normativa, acciones afirmativas y sanciones por el incumplimiento de las medidas de acción afirmativa.
Es claro que la etapa de consagración normativa de los derechos de las personas con discapacidad ya se ha dado en Colombia, es así como encontramos un gran número de leyes que desarrollan distintos derechos en favor de esta población, con la constante dificultad del bajo nivel de implementación de estos derechos, volviendo al problema recurrente de la exigibilidad de los derechos.
Encontramos un segundo momento normativo de la creación de las acciones afirmativas para garantizar la integración social de las personas con discapacidad, modelo que ha tenido relativos éxitos, porque en la mayoría de los casos no se dan los incentivos, subsidios o cupos, bien por falta de sensibilidad o bien por desconocimiento de las personas beneficiarias de estas medidas.
El tercer momento que se observa en la legislación comparada es el de establecer sanciones para obligar a cumplir las medidas de acción afirmativa contempladas a favor de grupos vulnerados como las personas con discapacidad. Existen fuertes debates acerca de la conveniencia de estas medidas sancionatorias, puesto que obliga a las instituciones a vincular a personas con discapacidad sin que exista un verdadero deseo o condiciones de integración a la sociedad.
Sin embargo, es reiterado encontrar en las legislaciones actuales, normas que prohíben y sancionan las conductas discriminatorias, como es en nuestro caso concreto, las conductas discriminatorias sobre la base de la discapacidad, encontrando tanto la discriminación por acción o por omisión, directa o indirecta. Esto es elevar a sanción conductas que no implementen los incentivos creados para integrar socialmente a estas personas entendiéndose que la omisión es una manera de exclusión y un incumplimiento de un deber de los ciudadanos en un verdadero estado de derecho fundado en el principio de Dignidad Humana, solidaridad y Justicia Social H. ESTRUCTURA DEL PROYECTO El presente proyecto de ley, está estructurado en cuatro grandes títulos que comprenden las disposiciones generales, medidas de acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad, medidas para la eliminación de la discriminación por razón de discapacidad y un último título de disposiciones finales.
Esta ley reviste importancia para el país y en especial para la población con discapacidad en la medida que garantiza el goce efectivo de los derechos de este colectivo, implementando acciones afirmativas que incentiven y estimulen a la sociedad para promover sus derechos, y elimina la discriminación por discapacidad. Es decir, se promueven los derechos de las personas con discapacidad a través de dos mecanismos eliminando las conductas negativas (discriminación) y promoviendo las conductas positivas (acciones afirmativas y ajustes razonables).
En este sentido la ley complementa el ordenamiento jurídico existente ya que hace efectivo los derechos de la población con discapacidad, sin caer en la costumbre de repetir y reiterar el catálogo de derechos de este grupo, sin incorporarle mecanismos para hacerlos efectivos.
Como ya se mencionó, el proyecto desarrolla la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas, que en su artículo 1 tiene como propósito el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que armoniza plenamente con el goce efectivo del derecho, planteado en el presente proyecto.
En conclusión, el proyecto de ley recoge las recomendaciones de nuestra corte constitucional que a través de la sentencia T 025 de 2003 y su Auto 06 que sugiere diseñar e implementar políticas públicas que garanticen no sólo el catálogo de derechos si no su goce efectivo, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de los derechos y en este caso particular de los derechos de las personas con discapacidad.
Otro aspecto que es importante resaltar es que el presente proyecto de ley, además de consagrar medidas de acción afirmativa y ajustes razonables en favor de personas con discapacidad, contempla en el capitulo segundo del título segundo, medidas especiales, teniendo en cuenta que existen varios tipos de discapacidad y cada una de ellas tienen necesidades particulares, siendo necesario establecer medidas especiales para cada grupo.
Igualmente, el proyecto adquiere relevancia al establecer en el capitulo tres del título dos mecanismos que garanticen la efectiva participación de las personas con discapacidad en los distintos espacios de concertación y toma de decisión en lo que los afecta de su vida económica, social, política y cultural. Por último, se resalta que el proyecto incorpora un titulo de no discriminación por razón de discapacidad, dando desarrollo a la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (ley 762 de 2002) y a la Convención Internacional sobre Los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ley 1346 de 2009 y al artículo 13 constitucional, que establecen claramente que se debe combatir la discriminación como todo acto de distinción, exclusión o restricción que menoscabe el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Con este fin, la ley establece sanciones que eliminen la discriminación por discapacidad, teniendo en cuenta que nuestro trasegar histórico como nación colonial, aun persisten factores de exclusión y discriminación social tales como: clases sociales, pobreza, género, y desde luego, la discapacidad, factores que deben ser eliminados teniendo en cuenta los principios de pluralismo y multiculturalismo que subyacen en nuestra carta constitucional. De esta manera, esperamos que este proyecto de ley garantice el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, permitiendo su integración a la sociedad colombiana, dentro de una concepción de desarrollo inclusivo que integre a los distintos sectores de la sociedad elevando su calidad de vida y niveles económicos sociales y culturales.


GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I
OBJETO, PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 1º. OBJETO. El objeto de la presente ley es garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de acción afirmativa, de ajustes razonables, y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009. ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS. La presente Ley se rige por los principios de dignidad humana, igualdad, equidad, inclusión social de las personas con discapacidad, equiparación de oportunidades, no discriminación por razón de discapacidad, solidaridad, pluralismo, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia con el (artículo 3º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009).

ARTÍCULO 3º. DIMENSIÓN NORMATIVA. La presente Ley se complementa con los pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las Personas con Discapacidad, aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad. No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos vigentes en favor de las personas con discapacidad, en la legislación interna o de convenciones internacionales, porque la presente ley no los reconoce o los reconoce en menor grado, de acuerdo al (artículo 4º numeral 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). ARTÍCULO 4º. DEBERES DE LA SOCIEDAD. Son deberes de la sociedad, de las instituciones educativas, de las organizaciones privadas de todo tipo, de la familia y de todas las personas: Promover el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, para garantizar su plena inclusión, partiendo del conocimiento pleno de sus derechos, en desarrollo del (artículo 8º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Las personas con discapacidad participarán en la construcción de política pública en discapacidad en todos los sectores, serán veedores en el seguimiento y evaluación de las políticas, y actores principales de los programas y proyectos, de acuerdo al (artículo 29º y 33º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009).

ARTÍCULO 5º. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Las ramas del poder público, pondrán a disposición todos los recursos necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Para estos efectos, estarán obligados a participar para su eficaz realización, la administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, distritales, municipales y locales, todas las entidades públicas y privadas del país, que conformen el sistema Nacional de Discapacidad y demás entidades del Estado. El Estado Colombiano, los departamentos, Distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, incorporarán en todos los planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como sectoriales e institucionales, los diferentes elementos integrantes de la política pública de discapacidad y del Plan Nacional de Intervención, adaptándolos a su realidad, y asumirán la gestión y ejecución de acciones dirigidas al logro del goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, con base en el (artículo 4º numeral 1º literal c, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009).
TITULO II. MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ARTÍCULO 6º. POLÍTICA DE PROMOCIÓN Y ESTÍMULOS. El Estado adoptará una política de promoción y estímulos para fomentar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Para ello el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los Ministerios y entidades nacionales establecerán beneficios, estímulos tributarios, fiscales, patrimoniales, honoríficos o de cualquier otro orden, que reconozcan los esfuerzos de una persona, grupo o entidad legalmente constituida bien sea pública, privada o territorial en favor de las personas con discapacidad, en desarrollo de los (artículos 3º y 28º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). ARTÍCULO 7º. INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y local, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con el (artículo 3º literal c, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptando para este fin las siguientes medidas:

1. Para establecer ajustes razonables y acciones afirmativas en cada caso, se tendrán en cuenta las condiciones de género, etnia, edad o condición, de manera que se refuercen o ajusten las medidas de protección en circunstancias de mayor riesgo de exclusión o discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán igualmente a todas las personas con discapacidad que pertenezcan a poblaciones vulnerables reconocidas como tal por el ordenamiento jurídico colombiano;
2. Los Consejos Departamentales, Distritales, Municipales y Locales de discapacidad deberán brindar asesoría a las entidades responsables de otorgar bienes o prestar servicios, para lograr la inclusión efectiva de las personas con discapacidad, y sus cuidadores y cuidadoras;
3. Las entidades de la administración pública nacional y territorial, deberán adoptar medidas de acción afirmativa, ajustes razonables y medidas para la eliminación de la discriminación por razón de discapacidad; con el fin de garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en sus respectivas políticas, planes y programas, y establecer lineamientos claros para asegurar su implementación;
4. Es responsabilidad de los alcaldes y gobernadores, garantizar el acceso de las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras, a todos los bienes y servicios contemplados en sus Planes de desarrollo; debiendo contar con mecanismos actualizados de localización y caracterización, prever en sus respectivos presupuestos el valor de los ajustes razonables y las acciones afirmativas que garanticen el goce efectivo de sus derechos;
5. El Gobierno Nacional dispondrá de mecanismos que faciliten y orienten las estrategias de cooperación internacional e inversión social privada, en la implementación de acciones afirmativas y ajustes razonables para la inclusión de las personas con discapacidad;
6. Todas las entidades deberán apropiar en sus Proyectos de Presupuesto de Egresos del Gobierno, las partidas correspondientes para que los programas nacionales, departamentales y municipales incluyan efectivamente a las personas con discapacidad. ARTICULO 8º. ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS. Las medidas de inclusión de las personas con discapacidad, deben considerar a sus familias en su conjunto, en especial a las familias de bajos recursos, y a las familias de las personas con mayor riesgo de exclusión por su grado de discapacidad, en concordancia con el (artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), para lo cual se adoptarán las siguientes medidas: 1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberá establecer un programa de apoyo y acompañamiento a las familias de las personas con discapacidad, que debe articularse con otras estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza;
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, debe establecer programas de apoyo y formación a los cuidadores, relacionados con el cuidado de las personas con discapacidad, en alianza con el SENA y los entes territoriales;
3. En todos los Planes, Programas y Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional concertados con el Gobierno, se incluirá el enfoque de discapacidad, para garantizar el goce efectivo de sus derechos;
4. Las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, en sus planes de desarrollo de salud y salud pública, incluirán un capítulo en lo relacionado con la discapacidad;
5. Las Secretarías de Salud Departamentales, Distritales y Municipales deben tener un censo de las personas con discapacidad, para enfocar los planes de desarrollo en salud. ARTÍCULO 9º. DERECHO A LA VIDA EN COMUNIDAD. El Estado de acuerdo al (artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de derecho a vivir en comunidad de las personas con discapacidad : Garantizar que las personas con discapacidad tengan oportunidad de elegir su lugar de residencia, donde y con quien quieren vivir, en igualdad de condiciones que las demás y no se vean obligadas a vivir en un sistema de vida específico. 1. Garantizar servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, evitando su aislamiento;
2. Garantizar que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad teniendo en cuenta sus necesidades. ARTÍCULO 10º. DERECHO A LA SALUD, HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la promoción, habilitación y rehabilitación integral, respetando las necesidades específicas de cada discapacidad, en desarrollo del (artículo 25º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Para estos efectos, los Ministerios de Salud y Promoción Social, Hacienda y Crédito Público, Entidades Prestadoras de Salud, el ICBF, la Superintendencia del subsidio familiar, con sus entidades adscritas y vinculadas y demás autoridades competentes del Sector, adoptarán las siguientes acciones: 1. Establecer mecanismos de control, vigilancia y sanción con la Superintendencia de salud y las secretarías de salud y de bienestar social, para asegurar el acceso efectivo y la no discriminación de las personas con discapacidad y sus familias a los sistemas de salud, protección social y bienestar familiar;
2. Asegurar la inclusión de acciones de detección temprana , promoción y atención temprana integral, para las personas con discapacidad en todos los planes, programas y proyectos del sector salud;
3. Asegurar que el Sistema de salud, incluya en todos los Planes de salud servicios de habilitación y rehabilitación integral adecuados a cada tipo de discapacidad;
4. Definir los estándares de calidad con los que las entidades prestadoras de salud EPS, y sus instituciones prestadoras de servicio IPS, aseguren la adecuada prestación de servicios de rehabilitación integral, bajo la evaluación de comités científicos y de bioética conformados por personas ajenas a las entidades;
5. Asegurar en el Sistema Nacional de salud la obligación de suministro de ayudas técnicas, tales como prótesis, órtesis, corsets, férulas, implantes, implantes cocleares, sillas de ruedas, muletas, audífonos, implementos y demás ayudas técnicas de baja complejidad o tecnológicas y de acceso a la información, así como servicios de apoyo, adecuados a cada tipo de discapacidad, al contexto de las personas y a sus necesidades de la vida diaria.
6. Entregar Las ayudas técnicas y tecnológicas, de manera obligatoria y gratuita, por las Entidades Prestadoras de Salud y las instituciones de seguridad social, directamente a las personas con discapacidad, bajo convenio o contrato con otras instituciones públicas o privadas;
7. Regular la dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias de las personas con discapacidad;
8. La Superintendencia de Salud o quien haga sus veces, establecerá controles y sanciones a las entidades del Sistema de salud que no presten satisfactoriamente los servicios de salud y rehabilitación integral a las personas con discapacidad;
9. Eliminar los gravámenes para la adquisición de medicamentos y elementos importados o nacionales, destinados a personas con discapacidad necesarios para su tratamiento;
10. Eliminar los gravámenes para la importación y adquisición de prótesis, implantes, sillas de ruedas, muletas, audífonos, implementos y demás ayudas técnicas o tecnológicas propias de cada discapacidad;
11. Asumir por el sistema de salud procesos de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación integral de las personas con discapacidad y de sus familias, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y sin que el proceso de rehabilitación sea estándar para cada grupo poblacional, respondiendo a las necesidades individuales de cada ciudadano con discapacidad;
12. Incluir en los planes de beneficio la atención integral a las personas con discapacidad sin importar la edad y el tipo de discapacidad, aplicada a un contexto funcional y de inclusión de la persona con discapacidad;
13. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, deben certificar la condición de discapacidad de una persona;
14. Establecer en alianza con el Ministerio de Educación y el ICBF, comités de coordinación intersectorial para facilitar la inclusión educativa con los respectivos soportes de salud y atención integral;
15. Afiliar, atender y garantizar la salud integral de las personas con discapacidad, sin importar el tipo de discapacidad, ni la edad;
16. Suministrar medicamentos de manera integral, oportuna y óptima a todas las personas con discapacidad que lo requieran;
17. Garantizar la prevención, atención integral y tratamiento adecuado de todo tipo de discapacidad;
18. Garantizar la Rehabilitación Integral ininterrumpida de las personas con Discapacidad cuando se haya establecido el procedimiento requerido, sin el pago de cuotas moderadoras o copagos, en concordancia con el (Artículo 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011). ARTÍCULO 11º. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las personas con discapacidad tienen derecho al goce efectivo del derecho a la seguridad social, de acuerdo al (artículo 28º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), Para estos efectos, el Ministerio de Salud y Protección Social y demás autoridades competentes, adoptarán las siguientes medidas: 1. Establecer procesos y procedimientos de control y seguimiento con indicadores de gestión, que permitan a las personas con discapacidad y a sus familias, disfrutar de los derechos en salud y protección social;
2. Controlar los estándares de calidad en los servicios sociales;
3. Asegurar que todos los programas de protección y promoción social, incluyan a las personas con discapacidad;
4. Asegurar que los servicios de bienestar y compensación familiar, garanticen el acceso de las personas con discapacidad;
5. Garantizar que las personas con discapacidad que no tengan contrato de trabajo ni capacidad de pago para garantizar su seguridad social, que no sean beneficiarios de los servicios del Régimen contributivo de salud por cuenta de terceros afiliados o alimentantes, sean incluidas por las autoridades municipales en los programas de atención social de que disponga el respectivo municipio o en el Régimen subsidiado de salud en atención a su condición de persona de especial protección;
6. Establecer mecanismos en el sector público y privado para que las personas con discapacidad que tengan empleos informales, puedan acceder al seguro de riesgos profesionales. ARTÍCULO 12º. DERECHO A LA EDUCACIÓN. La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y competencias. Y para garantizar el goce efectivo al derecho a una educación inclusiva de calidad a todas las personas con discapacidad, en desarrollo del (artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Con este fin el Ministerio de Educación y sus entidades adscritas y vinculadas, adoptarán entre otras las siguientes medidas: 1. Asegurar que todas las secretarías de educación implementen la política de educación inclusiva con calidad, de manera obligatoria en todos los establecimientos e instituciones educativas, garantizando el acceso, la promoción, la permanencia y la pertinencia a estudiantes con discapacidad, estableciendo el correspondiente sistema de seguimiento y monitoreo a dicha implementación;
2. Establecer en alianza con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, comités de coordinación intersectorial para facilitar la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad;
3. Implementar programas nacionales de formación a docentes regulares, para la atención educativa a la diversidad, la flexibilización curricular y en especial, la enseñanza a todas las personas con discapacidad, que cumplan con estándares de calidad;
4. Establecer controles y sanciones a los directivos de las instituciones educativas, que impidan u obstruyan el acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad a las instituciones;
5. Establecer a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, mecanismos de evaluación pertinentes para los estudiantes con discapacidad, atendiendo a sus capacidades;
6. Promover la educación inclusiva y accesible a las personas con discapacidad, proporcionando los apoyos y efectuando los ajustes necesarios para cada persona, dotándolas de ayudas técnicas o alternativas;
7. Garantizar el acceso a servicios de apoyo pedagógico para todas las personas con discapacidad, tales como: entrenamientos educativos, técnicos, tecnológicos y de acceso a la información acordes a cada tipo de discapacidad y a sus necesidades;
8. Diseñar modelos comunicativos adecuados, que permitan la generalización de las habilidades comunicativas que desarrolle una persona con discapacidad en un determinado momento;
9. Diseñar y ejecutar estrategias para promocionar la educación en lenguaje y acceso, a sistemas de comunicación adecuados a las necesidades propias de cada persona según su discapacidad;
10. Implementar programas destinados a aumentar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad al sistema educativo, en los colegios, escuelas, universidades y demás establecimientos educativos;
11. Garantizar en la educación superior mínimo el dos (2) % de becas para personas con discapacidad, del número total de alumnos matriculados semestralmente, en instituciones de educación públicas y privadas, para lo cual el Ministerio de Educación y demás autoridades competentes establecerán incentivos;
12. El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, y demás entidades públicas que ofrezcan créditos y becas, diseñarán estrategias que permitan la asignación de por lo menos el 5% de éstas a personas con discapacidad, del total del presupuesto o de las ofertadas por otros países;
13. Incluir como criterio de evaluación de la calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación y Colciencias, la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a las instituciones de educación superior, y la consideración de factores de inclusión tales como: la accesibilidad tanto a las instalaciones internas de las instituciones como a los escenarios deportivos del plantel educativo, la adaptación de la malla curricular y las oficinas de apoyo a las necesidades educativas especiales, entre otros;
14. Fortalecer el acceso a la educación, a través de la exoneración de tasas arancelarias e impuestos de la importación de textos y tecnologías especiales, destinadas a la educación de las personas con discapacidad;
15. Fortalecer la competencia en la producción, distribución y comercialización de textos y tecnologías especiales destinadas a la educación de las personas con discapacidad;
16. Propender para que en las instituciones de educación, la educación física tenga componentes recreativos y de actividad e incluya a la población estudiantil con discapacidad;
17. El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX o quien haga sus veces, creará un fondo de becas para la formación profesional y técnica con recursos públicos, privados y de cooperación nacional e internacional, destinados a la educación de las personas con discapacidad;
18. El Ministerio de Educación establecerá cuotas de exención a las personas con discapacidad, en los planteles universitarios que dependan del Estado;
19. Establecer mecanismos de evaluación y flexibilización del currículum para personas con discapacidad intelectual o cognitiva y autismo;
20. Fomentar en las facultades de educación, enfoques para educar en la diversidad de manera personal para asegurar pedagogías para las diferentes formas de aprender, en especial, de las personas con discapacidad cognitiva, con autismo, sordociegos y discapacidad múltiple;
21. Los estudiantes que presten el servicio social de alfabetización, podrán optar por prestarlo apoyando a personas con discapacidad. ARTÍCULO 13º. DERECHO AL TRABAJO. Para garantizar el goce efectivo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades e inclusión, en concordancia con el (artículo 27º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), el Ministerio de Trabajo y demás entidades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:

1. Establecer por parte del Servicio Nacional de aprendizaje SENA, la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos los servicios de la entidad, y garantizar su acceso a los diferentes servicios de apoyo pedagógico;
2. Garantizar por parte del Servicio Nacional de aprendizaje SENA, la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas, para la población con discapacidad auditiva y sordociega, y ayudas tecnológicas para las personas con necesidades especiales en los procesos de comunicación, discapacidad visual y de baja visión que les permitan acceder a los distintos cursos que imparte la entidad;
3. Garantizar por parte del Servicio Nacional de aprendizaje SENA un servicio de apoyo, de asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar personas con discapacidad;
4. Incentivar el desarrollo de servicios de apoyo y acompañamiento a las empresas que empleen personas con discapacidad;
5. Garantizar por parte del SENA y del Ministerio del Trabajo, la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad teniendo en cuenta la oferta laboral del país;
6. El Servicio Nacional de de Aprendizaje SENA fortalecerá el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad, mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial;
7. El Ministerio de Hacienda exonerará de tasas arancelarias y de impuesto, la importación de maquinarias y equipos especialmente adaptados, destinado a la accesibilidad y al trabajo de las personas con discapacidad;
8. Establecer programas y procedimientos de capacitación y entrenamiento para el adecuado desempeño de las personas con discapacidad dirigido al sector empresarial;
9. Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles para las personas que por su discapacidad severa, que no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral o integrables en sistemas de producción rentables o empleos regulares, mediante estrategias protegidas o asistidas de generación de ingresos o empleo, garantizando en cualquiera de las formas ingresos dignos y en las condiciones de seguridad social que correspondan, otorgando a sus cuidadoras y cuidadores y sus familias las posibilidades de intervenir en estos procesos;
10. Incluir dentro de la política nacional de empleo, medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con discapacidad;
11. El Estado contratará preferentemente con empresas y organizaciones que tengan vinculadas laboralmente por lo menos el 50% a personas con discapacidad y/o cuidadores y cuidadoras;
12. Incluir en los programas de financiamiento y acceso a crédito condiciones favorables para la generación de ingresos a las personas y/o sus familias con discapacidad, y sus cuidadores y cuidadoras;
13. Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y superación de la población con discapacidad, mediante programas de intermediación de mercados que potencien la producción, la comercialización o venta de servicios generados por esta población, a partir del financiamiento con recursos específicos y estrategias dirigidas;
14. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal deben vincular mediante contrato laboral o de prestación de servicios por lo menos el 2% de personas con discapacidad y/o sus cuidadores y cuidadoras. Su incumplimiento será causal de mala conducta;
15. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal deben vincular mediante contrato laboral o de prestación de servicios por lo menos el 2% de personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras;
16. Las entidades públicas contratarán con las organizaciones sociales de las personas con discapacidad, los temas relacionados con esta población, quienes podrán hacer alianzas cuando se requiera;
17. Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas de personas con discapacidad, por medio de: capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para el sector con una baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información y la comunicación, y diseño de páginas Web para la difusión de sus productos, dando prelación a la distribución, venta y adquisición de sus productos por parte de las entidades públicas;
18. Todas las dependencias, instancias o entidades del Estado que manejen el tema de discapacidad, estarán en cabeza de un profesional con discapacidad que responda a las competencias para el cargo;
19. Establecer programas de trabajo con las familias de las personas con discapacidad;
20. Establecer salarios para asistentes de personas con discapacidad, principalmente en instituciones educativas.
21. El Ministerio de TICs establecerá alianzas publico privadas para facilitar el lector de pantalla a personas con discapacidad visual en el trabajo;
22. El fondo Nacional del ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés baja, no se podrá negar el crédito de no tener reporte negativo en las centrales de riesgo. ARTÍCULO 14º. INCENTIVOS A LOS EMPLEADORES POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con discapacidad, tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361 de 1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al (artículo 27º numeral 1º literales h i, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), debiéndose adoptar las siguientes medidas: 1. Preferencia a los empleadores particulares que vinculen laboralmente personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta o número total de contratistas que tengan, en los procesos de adjudicación y celebración de contratos, otorgamiento de créditos o subvenciones de organismos estatales;
2. Establecer prerrogativas por parte de las entidades públicas en los procesos de selección de los contratistas y proveedores o calificaciones adicionales, en favor de las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras. ARTÍCULO 15º. DERECHO A LA ACCESIBILIDAD. Las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras tienen derecho al goce efectivo del derecho a la accesibilidad, de acuerdo al (artículo 9º Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Para ello, todas las entidades públicas o privadas que presten servicios abiertos al público; los Ministerios de Transporte; Vivienda, Ciudad y Territorio; Cultura; Tecnologías de la Información; Ministerio de las Tecnologías de la Información; Salud y Protección Social, Coldeportes, Policía Nacional, junto con Planeación Nacional, adoptarán las siguientes medidas: 1. Dar efectivo cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad, debiendo cumplir con los plazos contemplados para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas;
2. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad al ambiente construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las tecnologías de información y comunicación y otros servicios, asegurando las condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir independientemente;
3. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten servicios al público para permitir el desplazamiento de las personas con discapacidad;
4. Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las personas con discapacidad;
5. Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio público o abierto al público;
6. Destinar recursos para los municipios y departamentos, con el fin de cofinanciar programas y proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas que impidan el acceso a las instalaciones de las entidades públicas;
7. Los municipios y departamentos deberán disponer de una partida de su presupuesto, con el fin de financiar programas y proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas que impidan el acceso a las instalaciones de las entidades públicas;
8. Las autoridades deberán adecuar las vías y lugares públicos que garanticen el goce efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad;
9. El Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces, deberá establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías y curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad. Así mismo, establecerá medidas de coordinación interinstitucional para que las entidades territoriales garanticen rutas y circuitos accesibles para las personas con discapacidad, articulados con los paraderos y demás sistemas de transporte local;
10. Sancionar a las entidades que hayan incumplido los plazos en la ley para realizar las adecuaciones que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad;
11. Las entidades de educación superior, adecuarán sus campus o instalaciones para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad;
12. Los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para eventos públicos, adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad;
13. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios deportivos, recreativos y culturales en la construcción o adecuación de las obras existentes o por realizar;
14. Adecuar las instalaciones y escenarios deportivos, para garantizar el goce efectivo de la accesibilidad de las personas con discapacidad;
15. En todos los espectáculos públicos y eventos con asistencia masiva, deberán destinar un espacio en las primeras filas para personas con discapacidad con su respectivo acompañante, brindándosele la seguridad y ayuda necesaria requerida. ARTÍCULO 16º. DERECHO AL TRANSPORTE. Las personas con discapacidad tienen derecho al goce efectivo de todos los sistemas de transporte en concordancia con el (artículo 9º numeral 1º literal a y el artículo 20, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Para esto el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aeronáutica Civil y demás entidades relacionadas deben adoptar las siguientes medidas: 1. Establecer mecanismos de control, vigilancia y sanción, para que desde las secretarías de transporte y movilidad o las que cumplan esta función, se asegure que todos los servicios de transporte público garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad;
2. Asegurar que los Sistemas de Transporte Integrado Masivo cumplan, en su totalidad, desde su diseño las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad;
3. Los aeropuertos, terminales de transporte y medios de transporte masivo deberán contar con accesos, baños, señales y mensajes auditivos y visuales para las personas con discapacidad;
4. Las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre, en sistemas integrados de transporte público, así como servicios aéreos en rutas nacionales, fluvial, marítimo y ferroviaria, los cuales serán prestados en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa;
5. En el caso del transporte aéreo en rutas internacionales, la tarifa será conforme a lo establecido en los convenios internacionales respectivos, ratificados por Colombia;
6. El Gobierno Nacional, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales, Municipales y Locales, establecerán subsidios para todos los modos de transporte a favor de los usuarios con discapacidad, de acuerdo con los estudios que adelantará el Ministerio de Transporte sobre su conveniencia;
7. Las autoridades deberán adecuar las vías, aeropuertos y terminales, para garantizar el goce efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad;
8. Reglamentar un servicio de taxis adecuado para personas con discapacidad, con vehículos apropiados para su uso cuando se requiera;
9. Los aeropuertos y las terminales de transporte marítimo y terrestre contarán con un servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad;
10. Adaptar en los aeropuertos, terminales de transporte y medios de transporte masivo accesos, señales y mensajes auditivos y visuales para las personas con discapacidad;
11. Los vehículos de transporte público que se nieguen a prestar el servicio a una persona con discapacidad, serán multados con 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, la autoridad de tránsito cancelará la tarjeta de operaciones del vehículo;
12. Los vehículos que transporten una persona con discapacidad, estarán exento de las restricciones que establezcan los departamentos y municipios, (pico y placa), para lo cual el Ministerio de Transportes reglamentará dentro de los 6 meses siguientes estas excepciones. ARTÍCULO 17º. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Las personas con discapacidad tienen derecho al goce efectivo del derecho a la información y acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, con base en el (artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Para esto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás entidades competentes tendrán en cuenta las siguientes medidas: 1. Todas las entidades deben designar recursos para tener un sistema único de información que permita la toma de decisiones relacionadas con la discapacidad;
2. Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad y acceso a la información en los medios de comunicación debiendo cumplir con los plazos contemplados para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas;
3. Propiciar espacios en los canales de televisión estatales nacionales y regionales para programas con traducción en lengua de señas, con subtítulos;
4. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las personas con discapacidad, especialmente en las instituciones educativas;
5. Promover estrategias de información, comunicación y educación permanentes, para incidir en el cambio de imaginarios sociales e individuales acerca de las potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad.
6. Todas las entidades deben reservar un rubro para las estrategias de información y divulgación accesibles para personas con discapacidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS facilitarán los canales de divulgación mediante los medios de comunicación públicos y un llamado de responsabilidad social a los medios privados;
7. Promover campañas de información a la sociedad, acerca de los derechos de las personas con discapacidad, así como socializar los términos adecuados para referirse a estas personas;
8. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, promoverá un proyecto que permita masificar la utilización de software libre de los programas para personas con discapacidad, para lo cual, todas las entidades del Estado reservarán recursos en apoyo a esta iniciativa;
9. Todas las entidades del Estado aportarán recursos para el diseño del un software lector de pantalla para personas ciegas y con sordoceguera;
10. Toda biblioteca pública y privada deberá estar íntegramente dotada de la tecnología de acceso a la información y a las comunicaciones para la población con discapacidad sensorial;
11. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará un programa de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones para personas con discapacidad sensorial y con deficiencias específicos que alteren las competencias para comunicarse a través del lenguaje verbal;
12. Los tecnocentros deben ser accesibles para todas las personas con discapacidad;
13. Los operadores de servicios públicos (EPS, notarías, juzgados) deben de aportar recursos para subsidiar el servicio de información a las personas con discapacidad;
14. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, y el programa Gobierno en Línea brindarán orientación para la accesibilidad a la información en la administración pública. ARTÍCULO 18º. DERECHO A LA CULTURA. El Estado garantizará el goce efectivo a la cultura de las personas con discapacidad, en concordancia con el (artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), para lo cual el Ministerio de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios culturales que se ofrecen a los demás ciudadanos, debiendo adoptar las siguientes medidas: 1. Garantizar que las entidades culturales, cumplan con las normas de accesibilidad arquitectónica y de comunicación para la población con discapacidad;
2. Ubicar a nivel nacional, las entidades que realizan procesos de sensibilización, desarrollo e inclusión social, con la población con discapacidad;
3. Garantizar la difusión y el ejercicio de los derechos culturales de la población con discapacidad;
4. Garantizar que las entidades culturales, que realizan proyectos con población infantil y juvenil aporten al desarrollo cultural, la expresión y la inclusión social de la población con discapacidad;
5. Asegurar que el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Programa Batuta y el Plan Nacional de Cultura y Convivencia, entre otros, incluyan en sus procesos formativos a personas con alguna discapacidad y que evidencien aptitudes en alguna de las áreas pertinentes;
6. Asegurar que la Red Nacional de Bibliotecas, sea accesible e incluyente para personas con discapacidad;
7. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad, a al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural.
ARTÍCULO 19º. DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE. El Estado garantizará el goce efectivo al derecho a la recreación y el deporte de las personas con discapacidad, de conformidad con el (artículo 30º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Con este fin, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Coldeportes junto con los actores del Sistema Nacional del Deporte (Comité Paralímpico Colombiano, federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones de y para personas con discapacidad, los Entes territoriales del deporte y la recreación), formularán e implementarán programas inclusivos para las personas con discapacidad y los lineamientos para la práctica de educación física, recreación, actividad física y deporte para la población con discapacidad. Además, se fortalecerá el ámbito administrativo y técnico para lo cual adoptarán las siguientes medidas: 1. Fortalecer el deporte paralímpico en las áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y terapéutico, así como la clasificación funcional por parte del Estado, garantizando el incremento gradual de su financiación;
2. Apoyar actividades de ejercicio deportivo de calidad de las personas con discapacidad, sin exclusión alguna de los escenarios deportivos;
3. Suministrar el soporte para el desarrollo, importación o intercambio de implementos deportivos específicos por tipo de discapacidad en concordancia con las disciplinas deportivas, sin el cobro de los aranceles de importación;
4. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la recreación a través de la organización y certificación de las entidades de recreación, inclusión en los currículos de los diferentes niveles de estudio sobre recreación en personas con discapacidad y la acreditación de profesionales idóneos;
5. Promover la actividad física en las personas con discapacidad a través de inclusión en los currículos de los diferentes niveles de estudio, sobre actividad física con esta población, con la acreditación de profesionales idóneos y generación de estudios complementarios con énfasis en actividad física, educación física adaptada o incluyente y deporte paralímpico;
6. Las personas con discapacidad tendrán una exoneración del 50% en las tarifas de los espectáculos públicos de las entidades públicas y privadas;
7. Incentivar tarifas preferenciales para personas con discapacidad;
8. Efectuar las medidas necesarias que garanticen la recreación para las personas con discapacidad, en condiciones de inclusión;
9. Promover ajustes y abrir espacios de formación deportiva, en condiciones de igualdad y en entornos inclusivos para personas con discapacidad intelectual. ARTÍCULO 20º. TURISMO ACCESIBLE. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de sus organismos y entidades competentes garantizarán el goce efectivo del derecho al turismo adoptando las siguientes medidas: 1. Implementar la política pública de turismo accesible y turismo cultural para las personas con discapacidad;
2. Establecer planes, programas y proyectos dirigidos al acceso del turismo de las personas con discapacidad, en las condiciones de subsidio, accesibilidad física y económica, que correspondan en los diferentes espacios de intervención y respetando la diversidad y el medio ambiente;
3. Asegurar que los sistemas de calidad del sector turístico incluyan la variable de accesibilidad para las personas con discapacidad. ARTÍCULO 21º. ACCESO A VIVIENDA. El Estado garantizará el goce efectivo del derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, de acuerdo al (artículo 28º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Con este propósito, el Ministerio de Vivienda deberá garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda digna de las personas con discapacidad, para lo cual adoptará las siguientes medidas: 1. Asegurar programas de subsidio y acceso a la vivienda de interés social para las personas con discapacidad;
2. Velar por el cumplimiento de la construcción de viviendas que cumplan con las normas de accesibilidad;
3. Todo plan de vivienda de interés social deberá respetar las normas de diseño universal, que garantice la accesibilidad incluidos los espacios públicos;
4. Cuando una persona con discapacidad adquiera una vivienda no adaptada, el Estado le otorgará un subsidio con el fin de hacer las adecuaciones necesarias que le garanticen la accesibilidad;
5. Todo plan de vivienda de interés social, asignará un porcentaje mínimo del 5% para personas con discapacidad;
6. El Ministerio de Vivienda o quien haga sus veces, asignará subsidios de vivienda para las personas con discapacidad, de manera prioritaria; ARTÍCULO 22º. DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantizará el goce efectivo de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en concordancia con el (artículo 13º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009). Con este propósito el Ministerio de Justicia, en alianza con el Ministerio Público, los organismos de control y la rama judicial, deberán garantizar el acceso de las personas con discapacidad en todos los programas de acceso a la Justicia, para ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas: 1. Brindar fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas con discapacidad, dando a conocer sus derechos;
2. Promover en las facultades de derecho y los consultorios jurídicos, programas de formación y apoyo al restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad;
3. Asegurar la capacitación de casas de justicia, centros de conciliación, comisarías de familia, personerías, entre otros, en la atención, respeto y protección a los derechos de las personas con discapacidad;
4. Ajustar la legislación en cuanto a la ley de Interdicción judicial y reconocer el derecho de las personas con discapacidad intelectual y sicosocial a que se permita su participación, a través de estrategias como son: Toma de decisiones con apoyo y toma de decisiones anticipadas;
5. El Ministerio Público creará una delegada para la discapacidad, quién vigilará el cumplimiento y garantías de los derechos de esta población. El delegado será una persona con discapacidad;
6. El Ministerio del Interior creará en la Dirección de Derechos Humanos, un organismo de seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo al artículo 33 de la misma.
7. El gobierno nacional junto con las organizaciones nacionales e internacionales, realizará campañas de respeto hacia las personas con discapacidad, otorgando espacios a autogestores que hablen de sus experiencias conforme a la Convención sobre los Derechos de Las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009.
CAPÍTULO II
ENFOQUE DIFERENCIAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD ARTÍCULO 23º. PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. El Estado de acuerdo al (artículo 12 º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad intelectual: 1. Generar estrategias para la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad intelectual, en lo relacionado con la capacidad jurídica;
2. Propender por la permanente capacitación y actualización técnica para las personas con discapacidad cognitiva, dirigidos a facilitar el progreso de estas personas;
3. El Ministerio de Trabajo velará por que todas las personas con discapacidad cognitiva que realicen labores, gocen de los mismos beneficios que los demás trabajadores, brindando los apoyos y ajustes necesarios para su desempeño laboral;
4. Las personas con discapacidad intelectual, no perderán las pensiones sustitutivas por ninguna razón, por lo que se adelantará un mecanismo que les permita firmar un contrato de trabajo y determinar una excepción en el sistema de seguridad social, para el pago de los parafiscales referentes a pensión, por parte del empleador;
5. Financiar equipos de apoyo para la inclusión laboral, encargados de acompañar los procesos, generar estrategias y mejorar procesos de vida a las personas con discapacidad intelectual;
6. Diseñar mecanismos alternos a los usados en la actualidad por la junta regional de invalidez, con el fin de mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad intelectual;
7. Las personas con discapacidad cognitiva, en forma preferente, tendrán derecho a representarse a sí mismas siempre y cuando su grado de discapacidad lo permita, respetando su capacidad de toma de decisiones con o sin apoyo, y en caso contrario se les garantizará la Asistencia Jurídica necesaria para ejercer su representación;
8. Garantizar la permanencia en los tratamientos ofrecidos por las Entidades Prestadoras de Salud EPSs, con una valoración de las necesidades particulares de cada persona con discapacidad, acompañada la terapia junto con otras alternativas, y con desarrollo social y una plena inclusión en la sociedad;
9. Todas las personas con discapacidad cognitiva deberán ser valoradas a temprana edad por el Servicio de Salud que dispondrá el Ministerio de Salud;
10. Las familias, cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad cognitiva, serán capacitados por el Instituto Colombiano de bienestar Familiar ICBF, con apoyo de las facultades de derecho en todos los asuntos relacionados a la capacidad jurídica y la interdicción;
11. Las capitales de departamento y gobernaciones establecerán un programa de equipos de soporte y apoyo profesional itinerante por localidad, a universidades, empresas, asociaciones, y familias de las personas con discapacidad;
12. Garantizar a las familias, cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, soporte, apoyo y orientación en la forma como pueden garantizar los derechos de sus hijos y las rutas que deben seguir.
13. Establecer programas de educación inclusiva que integren a las familias en el proceso educativo y asegurar la inclusión de los menores de 18 años en los colegios;
14. Promover la transformación de las instituciones en las cuales los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual son dejados bajo protección;
15. Propender por la inclusión en todos los espacios de la comunidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual para que sean visibles para la sociedad (Educación, trabajo, recreación, cultura);
16. Penalizar y vigilar desde instancias de veeduría y control, a todas las instituciones prestadoras de servicios de internado, semi-internado y educación especial con el fin de evitar y denunciar cualquier forma de violencia, maltrato y abuso frente a las personas con discapacidad intelectual;
17. Establecer una oferta de programas de educación superior , adecuados para personas con discapacidad cognitiva;
18. Desarrollar campañas de respeto hacia las personas con discapacidad cognitiva, otorgando espacios a autogestores que hablen de sus experiencias conforme a la Convención sobre los Derechos de Las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009. ARTÍCULO 24º. PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA). El Estado de conformidad con el (artículo 1º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA): 1. Reconocer y visibilizar a los Trastornos del espectro autista (TEA), como un tipo de discapacidad específica que afecta de forma generalizada y permanente el desarrollo humano, tal como está contemplado por las clasificaciones internacionales;
2. Garantizar la permanencia y continuidad en los programas de intervención ofrecidos por las entidades públicas, partiendo de la base, que los TEA son trastornos generalizados del desarrollo que afectan de forma permanente y variable al ser humano a lo largo de su ciclo vital;
3. Garantizar dentro del sistema nacional de salud, la atención individual, integral e intensiva de todas las personas con TEA; desarrollando programas multidisciplinares de promoción, diagnóstico oportuno e intervención educativa y terapéutica, sustentadas en un adecuado proceso de evaluación, ceñido a los stándares internacionales de buenas prácticas en la evaluación y tratamiento de los trastornos del espectro autista (TEA);
4. Asegurar y exigir que las instituciones públicas y privadas que diseñan y ejecutan programas de intervención en procesos de salud, educación y trabajo dirigidos a esta población; cumplan con stándares internacionales básicos de calidad, según las necesidades y capacidades de estas personas, lo más cerca posible de su residencia, incluso en las zonas rurales;
5. Exigir capacitación y la promulgación de normas éticas en los ámbitos público y privado a los profesionales que intervengan en procesos de salud, educación y trabajo mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad y la autonomía;
6. Garantizar el acceso a la educación primaria, secundaria, técnica y superior en igualdad de condiciones que las demás personas de la comunidad, asegurando ajustes razonables, personal de apoyo en aula y capacitación a docentes de acuerdo a las necesidades de esta población;
7. Garantizar la inclusión plena para que vivan dentro de su comunidad, promoviendo los apoyos adecuados que incluyan servicios domiciliarios, residenciales, comunitarios y apoyos a familias.
8. Promover la reducción o eliminación de los gravámenes en la adquisición de medicamentos, suplementos nutricionales, alimentos para personas con trastorno del espectro autista,
9. Garantizar espacios comunitarios y actividades de ocio y tiempo libre para las personas con TEA, para lo cual se establecerán programas lúdicos, deportivos y culturales de fácil acceso para su participación; que permitan el desarrollo de su potencial creativo, artístico, deportivo e intelectual;
10. Garantizar programas de integración laboral y de empleo con apoyo integrado en la comunidad, mediante la provisión de apoyos necesarios dentro y fuera del lugar del trabajo a lo largo de su vida laboral y en condiciones de empleo iguales a los demás trabajadores.
ARTÍCULO 25º. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL. El Estado de acuerdo al (artículo 1º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad psicosocial: 1. Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial, como un tipo de discapacidad, de acuerdo a las clasificaciones internacionales;
2. Desarrollar estrategias de promoción y prevención en salud mental, específicos en el tema de discapacidad psicosocial, que se apliquen en el ámbito educativo, laboral y comunitario.
3. Se garantizará la asistencia médica integral e interdisciplinaria necesaria dentro del sistema nacional de salud, para facilitar los procesos de diagnóstico temprano adecuado y pertinente en el tema de salud mental, así como habilitación, rehabilitación de las personas con discapacidad psicosocial que faciliten su inclusión social y desarrollo individual.
4. Garantizar la permanencia y continuidad en los tratamientos ofrecidos por las EPS;
5. Proporcionar los soportes terapéuticos en el área de la salud mental necesarios, incluyendo psicoterapia, psicoanálisis entre otras así como los medicamentos requeridos según las necesidades individuales.
6. Propender por la permanente capacitación y actualización técnica para las personas con discapacidad psicosocial, dirigidos a facilitar los procesos de inclusión laboral, desarrollando perfiles ocupacionales acordes a las capacidades personales;
7. Crear un sistema de empleos u ocupaciones protegidas, que aseguren a las personas con discapacidad psicosocial su autonomía y desarrollo económico sin que se vulnere su integridad física y moral;
8. El Ministerio de Trabajo velará para que todas las personas con discapacidad psicosocial que estén en procesos de ingreso al mercado laboral y las que ya laboren, gocen de los mismos beneficios que los demás trabajadores sin ningún tipo de discriminación por motivos de su discapacidad;
9. Se reconocerá la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial, desarrollando estrategias y procesos legítimos para la toma de decisiones con apoyo, de manera anticipada, que respeten la voluntad, deseos e intereses de la persona con discapacidad;
10. Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas, proporcionando los debidos apoyos jurídicos y psiquiátricos requeridos según sea el caso;
11. Establecer lineamientos para la denuncia de abusos y tortura psiquiátrica, sobre medicación y experimentación con medicamentos, internación forzada, mala práctica psiquiátrica y todo tipo de atención en salud mental que vulnere los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial.

ARTÍCULO 26º. PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. El Estado con base en el (artículo 24 y otros de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad visual:

1. Establecer medidas para que todas las páginas WEB de las Entidades del gobierno y la Empresa Privada, dispongan de accesibilidad para las personas con discapacidad visual, para lo cual, a través del SENA se hará un curso virtual sobre cómo hacer páginas web accesibles;
2. Imponer sanciones al irrespeto de las normas técnicas de accesibilidad a las páginas que no incluyan los estándares de navegación;
3. Asegurar que las entidades financieras dispongan de los formatos accesibles para las personas con discapacidad visual, con el fin de garantizar el acceso a los servicios disponibles;
4. Establecer medidas y sanciones para que el transporte público sea accesible a las personas con discapacidad, se disponga de sillas debidamente señalizadas y se oriente a las personas con discapacidad visual en la llegada a su destino;
5. Las Secretarías de Transporte o quien cumpla esta función, instalará en todos los municipios, semáforos sonoros en un tiempo no mayor a tres años de la sanción de esta ley, de acuerdo con un estudio técnico que determine los puntos en que se deben colocar tales dispositivos así como la disponibilidad financiera y técnica;
6. Las personas con discapacidad visual que trabajen en establecimientos Públicos, contarán con un lector o asistente para desempeñar sus funciones;
7. Las personas con discapacidad visual, podrán utilizar para el desempeño de sus actividades, todas las ayudas técnicas y tecnológicas;
8. Asegurar que todos los ascensores cuenten con señal sonora y braille para orientar el desplazamiento de las personas con discapacidad visual;
9. Asegurar que todas las entidades prestadoras del servicio de salud EPS cuenten con el servicio de rehabilitación de las personas con discapacidad visual. ARTÍCULO 27º. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA. El Estado, adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad Física: 1. El Ministerio de Transporte de común acuerdo con el Consejo Nacional de Discapacidad y con las organizaciones nacionales de discapacidad física estructurará el plan decenal de accesibilidad al medio físico y al transporte;
2. Las entidades del sistema nacional de salud, garantizarán el suministro permanente del material médico hospitalario requerido por las personas con discapacidad física que no tengan control de esfínteres sin distinción de edad o sexo; Las entidades del Sistema Nacional de Salud, garantizarán el suministro de las ayudas técnicas necesarias para dar cumplimiento al derecho a una inclusión real y efectiva a la sociedad, como sillas de ruedas, sillas para baño, bastones, colocador de medias, abotonadores, alcanza-objetos, utensilios para la alimentación y demás. ARTÍCULO 28º. PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. El Estado con base en el (artículo 24 y otros de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad auditiva: 1. Las universidades públicas y privadas deben generar una oferta a las personas con discapacidad auditiva, de programas y carreras con servicio de intérpretes;
2. La capacitación a personas con discapacidad auditiva, deben prestarla preferiblemente docentes sordos que tengan la lengua de señas como primera lengua;
3. Las universidades privadas y públicas, deben diseñar estrategias para ofrecer el servicio de intérpretes en lengua de señas en acuerdo con las facultades de fonoaudiología y la capacitación de la población sorda;
4. Destinar los rubros para prestar el servicio de intérpretes en las universidades públicas;
5. Realizar campañas contra los prejuicios sobre la capacidad de las personas con discapacidad auditiva;
6. Ofrecer capacitación a funcionarios públicos, líderes y acompañantes del movimiento social de personas con discapacidad, en las diferentes estrategias y formas de comunicación identificadas por la comunidad sorda a nivel nacional e internacional;
7. En los distintos niveles de educación y atención como en el deporte y la recreación, las personas con discapacidad auditiva tendrán intérpretes del lengua de señas;
8. La televisión pública debe ofrecer interpretación en programas de opinión y noticias, asegurando la disposición de instituciones;
9. Los operadores de telefonía móvil deben ofrecer un plan diferencial para sordos;
10. Mediante acuerdos con universidades, asociaciones e instituciones, se prestará el servicio de intérpretes en consultorios jurídicos universitarios o de otra índole, con el fin de que las personas sordas puedan recibir asesoría a través de este sistema; Prestar el servicio de intérpretes en escenarios de exigibilidad de justicia como: la defensoría del pueblo, las comisarías de familia, las estaciones de policía, las personerías, etc;
11. Sufragar cursos de capacitación en la lengua de señas y otras formas de comunicación, a los funcionarios judiciales con el fin de saber la manera como deben adaptarse los procesos a las necesidades comunicativas de las personas sordas;
12. Financiar investigaciones sobre los apoyos requeridos en instancias judiciales por parte de las personas sordas;
13. El Ministerio de Educación Nacional, dentro de los 6 meses siguientes a partir de la promulgación de esta ley, procederá a hacer los ajustes necesarios al decreto 1366/09, teniendo en cuenta el fundamento jurídico de la sentencia T-051 de 2011 de la honorable Corte Constitucional;
14. El Ministerio de Educación articulará un programa de educación para sordos en lengua de señas, lectura de labios y en especial, en escritura y lectura del castellano;
15. Para mejorar la oferta de intérpretes de lengua de señas, el Ministerio de Educación establecerá una cátedra de lengua de señas en alianza con facultades de fonoaudiología, pedagogía, entre otras. ARTÍCULO 29º. PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TALLA BAJA. El Estado en concordancia con la (ley 1275 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas con talla baja o enanismo: 1. Garantizar los mismos espacios de participación, a las personas con enanismo en todas las instancias de participación, en especial las del Sistema Nacional de Discapacidad.
2. Garantizar que en todas las entidades del Estado donde se preste atención al público, se elaboren planes de accesibilidad que garanticen el acceso a las personas de talla baja a la infraestructura física de la administración pública;
3. Promover la formulación de normas técnicas que consagren los parámetros de diseño con los que debe contar el espacio público, las edificaciones, el transporte y todos los espacios y objetos requeridos para una adecuada movilidad y una óptima utilización por parte de las personas de talla baja;
4. Los Ministerios de Cultura y Educación adelantarán las acciones pertinentes para la inclusión social de las personas de talla baja promoviendo la eliminación de toda forma de discriminación y maltrato, por medio de una cultura de respeto a la población con esta discapacidad. ARTÍCULO 30º. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE. El Estado de conformidad con el (artículo 19 y 28 entre otros, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad múltiple: 1. Desarrollar estrategias específicas de inclusión educativa, para garantizar el acceso a la educación de la población multiimpedida a la educación, de acuerdo a la identificación que cada instancia territorial del SND identifique. Los gobiernos nacional, departamental y local deben proveer los recursos necesarios para que la población con discapacidad múltiple ejerza su derecho a la educación;
2. Identificar con las instancias del Sistema Nacional de Discapacidad, las diferentes formas de comunicación desarrolladas a nivel nacional e internacional, para la población multimpedida;
3. Garantizar la investigación para brindar ayudas técnicas y tecnológicas a la población con discapacidad múltiple, que aseguren su inclusión social.
4. Facilitar el servicio de intérprete guía para la población sordociega, en acuerdo con universidades, asociaciones e instituciones.
5. Toda información política, informativa o noticiosa debe ofrecer el recuadro de traductor en lenguaje de señas en un tamaño suficientemente amplio para personas con visión baja.
6. Las universidades y Colciencias, realizarán investigaciones en desarrollos tecnológicos para personas sordociegas.
7. En los últimos años de carrera, los estudiantes universitarios prestarán servicio social en apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, en un programa dirigido especialmente a las personas con discapacidad múltiple.
CAPÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTÍCULO 31º. PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. La participación en la gestión administrativa se ejercerá por las personas con discapacidad y por sus organizaciones en los términos de la (Constitución, la Ley 134 de 1994 y demás normas que desarrolla el inciso tercero del artículo 103 de la Constitución Política y los artículos 29 y 33 entre otros de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009), adoptando medidas que establezcan los procedimientos reglamentarios requeridos para el efecto, los requisitos que deban cumplirse, la definición de las decisiones y materias objeto de la participación, así como de sus excepciones y las entidades en las cuales operarán estos procedimientos. ARTÍCULO 32º. CONTROL SOCIAL. La población con discapacidad ejercerá el derecho y el deber del control social a todo el proceso de la gestión pública relacionada con las políticas, los planes, los programas, los proyectos y las acciones de atención a la población con discapacidad, o con enfoque diferencial en discapacidad. Para el efecto, podrán constituir veedurías ciudadanas de acuerdo con la ley 850 de 2003 o la norma pertinente y adoptar otras modalidades de control social, como las siguientes: 1. El gobierno nacional, a través de sus Ministerios apoyará la promoción de estas veedurías y de sus redes, así como la formación de los veedores ciudadanos que las conforman. Las entidades que forman parte de la Red institucional de apoyo a las veedurías Ciudadanas de que trata el artículo 22 de la Ley 850 de 2003, se vincularán de acuerdo a su competencia.
2. La población con discapacidad, sus organizaciones y voceros, participarán activamente en los eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes entidades vinculadas a esta política pública de atención a la discapacidad.
3. Apoyar la promoción de veeduría por parte de los Entes Departamentales del Deporte y la Recreación para que las prácticas deportivas y recreativas sean accesibles a la población con discapacidad. ARTÍCULO 33º. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD. Se garantizará la participación de las personas y organizaciones de discapacidad en los siguientes ámbitos y espacios de participación propios del sector: 1. Hacer parte de todos los órganos o instituciones de discapacidad;
2. Participar en la toma de decisión del sector de la discapacidad, en el aspecto social, económico, político y cultural;
3. Participar en el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de discapacidad;
4. Participar en el seguimiento e implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos internacionales ratificados por Colombia, que afecten al sector de la discapacidad;
5. Participar en las distintas instancias del Sistema Nacional de Discapacidad;
6. Nombrar, a través de sus federaciones u organizaciones de mayor representatividad, sus delegados en el consejo nacional de discapacidad;
7. El gobierno nacional nombrará un representante del sector de la discapacidad en las juntas directivas del ICETEX, ICBF, Consejo Nacional de Seguridad Social de Salud, Fondo de Riesgos Profesionales, Fondo MYPIMES, Coldeportes, Fondo Emprender y Seguro Social, etc, con derecho a voz y voto. Este representante deberá ser una persona con discapacidad;
8. Incidir en la formación y aprobación de leyes o normas que afecten a las personas u organizaciones de discapacidad;
9. Las direcciones o directivas de los partidos movimientos políticos deben tener un representante de las personas con discapacidad o constituir una comisión de discapacidad dentro de cada partido político;
10. El Ministerio de Justicia creará un capítulo u oficina encargada de monitorear los avances y la situación real de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al comité encargado, que esté conformada por expertos en aspectos jurídicos así como en el campo de las discapacidades. Este espacio deberá privilegiar la vinculación de personas con discapacidad. ARTÍCULO 34º. MUJER Y DISCAPACIDAD. El Estado de conformidad con el (artículo 6º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), adoptara las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las mujeres con discapacidad: 1. Elaborar y ejecutar acciones para la participación de la mujer con discapacidad, en los ámbitos nacionales, regionales y locales, específicos de discapacidad, en al menos el 30%;
2. La Consejería de Equidad de la Mujer incorporará el enfoque diferencial de mujer y discapacidad en todos sus programas, promocionando la organización de las mujeres con discapacidad, de acuerdo a sus expectativas e intereses en todo el territorio nacional;
3. En todas las actividades de movilización social promovidas por el Gobierno Nacional se generará una representación significativa de las mujeres con discapacidad;
4. En todas las iniciativas de generación de ingresos promovidas por las mujeres con discapacidad y sus organizaciones, serán consideradas y acompañadas técnica, administrativa y financieramente por los diferentes Fondos de cofinanciación promovidos y establecidos por el Estado;
5. Diseñar Programas y proyectos de carácter nacional y de cooperación internacional para hacer efectivos los derechos de las mujeres con discapacidad, los cuales serán implementados con la participación activa de las mujeres con discapacidad y sus organizaciones;
6. Estudiar las condiciones que propician los actos violentos ejercidos contra las mujeres y niñas con discapacidad, y hacer de conocimiento público la situación de niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género;
7. Dar la atención debida, directa y personalizada a cada niña o mujer con discapacidad víctima de la violencia de género, mediante el trabajo coordinado de los servicios públicos, las organizaciones de mujeres y de la discapacidad, elaborando guías de defensa y atención psicosocial.
8. Garantizar formación integral en materia de género y discapacidad para los funcionarios en la administración de justicia, el personal de salud y el ámbito educativo, promoviendo la imagen positiva de la mujer con discapacidad; ARTÍCULO 35º. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El Consejo Nacional de Discapacidad, evaluará cada 4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a la discriminación, como mecanismos para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Esta evaluación se realizará para establecer si se han alcanzado los objetivos buscados con la aplicación la de la presente ley, en los diferentes escenarios de planificación, y toma de decisiones sobre las acciones que se diseñen para mejorar sus condiciones de vida. TITULO III. ACCIONES JUDICIALES QUE GARANTÍCEN EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAPÍTULO I
MECANISMOS DE PROTECCIÓN ARTÍCULO 36º. ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. Para la protección de sus derechos, las personas con discapacidad podrán recurrir a las acciones constitucionales, penales, patrimoniales individuales o de grupo, laborales, disciplinarias y administrativas contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano.
Todas estas acciones son compatibles, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas. Asimismo, podrá acceder, cuando fuere del caso, a los mecanismos internacionales de protección de los derechos. ARTÍCULO 37º. ACCIÓN DE TUTELA. Las personas en situación de discapacidad podrán recurrir a la acción de tutela para exigir la protección de todos sus derechos. ARTÍCULO 38º. MEDIDAS POLICIVAS DE PROTECCIÓN. Las medidas de protección contenidas en los códigos y normas de policía, protegerán especialmente a las personas con discapacidad garantizando el goce efectivo de sus derechos. CAPÍTULO II
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD ARTÍCULO 39º. ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD. El estado de conformidad con el (artículo 2º inciso 3 y artículo 5º numeral 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, adoptará las medidas que sean necesarias para eliminar la discriminación por razón de discapacidad. Toda persona con discapacidad que sea discriminada por razón de su discapacidad, podrá presentar ante cualquier juez acción de tutela para que el juez imparta medidas preventivas, cautelares o sancionatorias que eliminen la discriminación. Todo incumplimiento de lo preceptuado en esta ley y los procesos que se fundamenten en la discriminación por razón de discapacidad, o la violación de los derechos de las personas con discapacidad, el Juez podrá imponer una multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales vigentes en la sentencia respectiva. ARTÍCULO 40º. REPARACIÓN INTEGRAL. Toda persona víctima de una conducta discriminatoria por razón de discapacidad, tiene derecho a una reparación integral, entendiéndose por esta, la petición de perdón, la restitución, indemnización de todos los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales, rehabilitación y la garantía de no repetición, a través de una o más prestaciones a cargo del responsable de la conducta, realizada a favor de la víctima. CAPÍTULO III
SANCIONES ARTÍCULO 41º. EVALUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO. El gobierno nacional junto con el Consejo Nacional de Discapacidad, evaluarán el incumplimiento de las normas que garantizan el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, tales como el incumplimiento, de subsidios, cupos, cuotas, entre otros.
ARTÍCULO 42º. SANCIONES EN MATERIA LABORAL. La discriminación laboral por discapacidad dará lugar a las siguientes sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien haga sus veces: 1. La obligación de equiparar los salarios, prestaciones y condiciones laborales de la persona con discapacidad discriminada, si fuere el caso.
2. Multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para todos los demás casos.
3. Si la discriminación es ejercida por un funcionario público, además de las sanciones establecidas en la ley, será causal de mala conducta y de pérdida del empleo. ARTÍCULO 43º. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta Ley y las demás normas de discapacidad, será sancionado conforme lo prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normas aplicables. Se impartirá una sanción administrativa a los funcionarios que hagan una destinación diferente a los recursos originalmente destinados al fortalecimiento y goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
TITULO IV. DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 44º. ADICIÓN LEGISLATIVA. La presente ley se adiciona a las demás normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos, así como su exigibilidad. ARTÍCULO 45º. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD. A partir de la presente ley se entiende que el término apropiado para referirse a las personas que trata la presente ley es el de personas con discapacidad sin entenderse derogados los contenidos de las demás normas que se refieran a estas personas en otros términos. ARTÍCULO 46º. REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. El Estado deberá aprobar en un plazo de dos años un régimen de fracciones y sanciones de las conductas discriminatorias en contra de la población en situación de discapacidad. ARTÍCULO 47º. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

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