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Red Ciudadana de Control Social

Referencia: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 137 DE 2004

sintensis de aportesReferencia: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 137 DE 2004
Nosotros miembros representantes de la RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL AL BIENESTAR EN SU COMPONENTE DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y MONITOREO A LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD., conformada con el apoyo y liderazgo de la Veeduría Distrital, todos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas; nos permitimos solicitar ante su despacho SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO 137 DE 2004, con base en la siguiente:
PETICIÓN Que se de cumplimiento a lo normado en el literal 7 del acuerdo 137 de 2004, respecto de prestar, dotar y proporcionar la logística necesaria a los Consejeros Locales de Discapacidad para que cumplan sus funciones de representatividad.


HECHOS PRIMERO: Las Personas en Condición de Discapacidad, participamos en la vida democrática, cuando somos elegidos en los Consejos Locales de Discapacidad, para representar a nuestra comunidad.
SEGUNDO: Como representantes se nos imponen una serie de funciones que debemos cumplir a lo normado en el acuerdo 137 de 2004, (artículo décimo Sexto); para ellos se establece que se nos debe prestar y proporcionar la logística necesaria (articulo noveno).
TERCERO: Normatividad que se esta incumpliendo, ya que no contamos con los instrumentos básicos y los recursos financieros (serán condicionados según la labor del consejero local, para recibir remuneración por su labor, presentando resultados con la comunidad beneficiada de los planes, proyectos y gestiones que realice.) y logísticos, para poder desempeñar nuestra función; entre ellos: no contamos con una línea telefónica, un lugar de reunión permanente dotado y accesible equipos de cómputo con programas pertinentes para desempeñar nuestra labor (entendiendo que dentro del consejo local existimos personas con discapacidad, visual, auditiva, física, mental, cognitiva), transporte para poder movilizarnos a nivel local y distrital, servicio de intérpretes para las personas con discapacidad auditiva, sistema braille en los documentos que debemos leer y conocer.
Y lo que es peor no se nos ha suministrado una base de datos actualizada de la población objeto, para poder cumplir con la labor de informar y comunicar a nuestras comunidades sobre los programas, planes y proyectos que se tienen para beneficiarnos; no contamos con una información real y veraz de la población con discapacidad en el Distrito ni en las localidad; es más la base de datos que se tiene, la tienen las Instituciones, nosotros no tenemos acceso a dichas bases; con lo cual se evidencia el incumplimiento de la Administración Distrital cuando no adopta las medidas necesarias para que las personas con discapacidad podamos ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de comunicar, a la libertad de recibir y facilitar la información; asimismo no contamos con una real y veraz información sobre las cifras de discapacidad a nivel local y distrital: lo que existe es una gran disparidad en términos de cifras sobre discapacidad de lo cual se deriva la importancia de consolidar "sistemas de información que sean confiables que reproduzcan cifras y mediciones actualizadas y concisas que permitan ejercer acciones positivas de empoderamiento y cohesión social en beneficio de nuestra población.
CUARTO: Es evidente que a pesar de que existe la normatividad necesaria para dar cumplimiento a la garantía de los derechos a la participación y representación, en la realidad no se está cumpliendo por parte de las autoridades competentes (aunque es obligación del estado) ya que no comprenden que dentro de nuestra población existen personas que no cuentan con los medios físicos, económicos, accesibles y con los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones establecidas como representantes de la comunidad en condición de discapacidad, a pesar de tener la disponibilidad, el compromiso y el interés. (No es lo mismo que una persona que cuenta con un ingreso y no tiene ninguna clase de discapacidad, participe de la misma forma y en condiciones similares que una persona que no tiene empleo y además encuentra que el Estado ha puesto barreras).
Estas personas que han decidido servirle a sus compañeros, que están en situación o condición de discapacidad tienen gastos y les es mas difícil poder cumplir la labor cuando no poseen un incentivo económico o rublo con el que ellos puedan contar para hacer mas eficaz su representación ante la comunidad objeto. Este rublo debe ser condicionado de acuerdo a la labor del consejero local, ya que es necesario conocer la población objeto beneficiada en la formulación y ejecución de proyectos. Verificar su asistencia y desempeño frente a las comunidades que representan y cuantas personas en realidad son beneficiadas con cada uno.
Particularmente en el caso de los representantes locales de discapacidad, y para el desarrollo del ejercicio de representatividad ante nuestras comunidades, vemos que diariamente nos enfrentamos a miles de barreras como por ejemplo arquitectónicas las cuales se mantienen, los espacios informativos y culturales de los canales públicos de televisión y radiales no son accesibles para la población sorda, los ciegos debemos sobrevivir en una ciudad que representa una alta peligrosidad ante la ausencia de mecanismos que permitan nuestra real y efectiva integración. (Cuando somos convocados a reuniones, a foros, a seminarios, a nuestras propias reuniones mensuales, nos encontramos con muchos obstáculos, entre ellos, por nuestra misma situación de desempleo, no contamos con recursos para podernos transportar, etc.), Además existen dentro de estas barreras las humanas, las mas difíciles de sobrepasar, por cuanto siempre existe la exclusión para nuestra población cuando buscamos acceder y participar en cualquier actividad y sobre todo cuando pretendemos hacer valer nuestros derechos.
QUINTO: Por lo anteriormente expresado, es que reiteramos, se de cumplimiento a la norma y como Consejeros Locales de Discapacidad se nos preste, dote y proporcione la logística necesaria para cumplir nuestras funciones como representantes de una comunidad, y poder participar de una manera eficiente y eficaz en estos espacios, ya que si bien es cierto nos involucramos con toda la capacidad, entrega, muchas veces no podemos cumplir por no contar con apoyos por parte de la Administración, a pesar que diariamente se pregona por las instituciones que se debe llevar a cabo una participación efectiva como un derecho y un deber ciudadano.
FUNDAMENTOS DE DERECHO De lo narrado se establece la violación a la siguiente normatividad: 1. Partimos del hecho de que nuestra Carta Magna y la normatividad Nacional y Distrital nos considera iguales ante la ley, con iguales oportunidades para el ejercicio del derecho y el deber ciudadano de participar en la vida democrática del Distrito y el ejercicio del seguimiento y vigilancia de la gestión pública, para lo cual el Estado debe prever todos los recursos y logística necesarias, así: Con base en los artículos 13 de la Constitución Política de Colombia, “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
El artículo 47: El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para las personas con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. El articulo 54: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a las personas con discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. Al respecto, queremos mencionar lo que ha dicho la Corte Constitucional con relación a la violación al principio de igualdad: T-207/99 "Como ha precisado esta Corporación, en el caso de las personas con discapacidad la violación del principio de igualdad se configura cuando a éstos, injustificadamente, se les niega un trato especial que les permita acceder a bienes, servicios o beneficios. El Estado debe intentar, en la medida de lo posible, adaptar su estructura a las posibilidades de las personas con discapacidad. La ausencia de acciones en ese sentido supone una vulneración del derecho de igualdad, en su forma especial de aplicación a los asociados con personas con discapacidad." 2. Ley 361 de 1997. Articulo 4: “Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, siendo obligación ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales.
Para estos efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización, la administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país.
3. Ley 489 de 1998: Artículo 32: “Democratización de la Administración Pública. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 1. Convocar a audiencias públicas.
2. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
3. Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos.
4. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos.
5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan”.
6. Entrega de informes por lo menos 3 veces durante el año donde se le rindan cuentas a los ciudadanos y usuarios en condición o situación de discapacidad 4. Ley 134 de 1994: Artículo 104º.- Facultades extraordinarias. Revístese de facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis meses de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del Artículo 150 de la Constitución Política, para crear el "FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA", con personería jurídica, patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Gobierno; el cual tendrá por objeto financiar programas que hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la capacitación de la comunidad para el ejercicio de las instituciones y mecanismos reconocidos en esta ley, así como el análisis y evaluación del comportamiento participativo y comunitario.
Parágrafo. El Gobierno realizará las operaciones presupuestales para este efecto.
5. Ley 80 de 1993: “Artículo 66º.- De la Participación Comunitaria. Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.
Las asociaciones cívicas comunitarias de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones, o faltas en materia de contratación estatal.
Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación o información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.
El Gobierno Nacional y los de las Entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a recompensar dichas labores.
Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales y gremiales y con las universidades y centros especializados de investigación, el estudio y análisis de las gestiones contractuales realizadas”.
6. Ley 1145 de 2007: “Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, las siguientes definiciones tendrán el alcance indicado a continuación de cada una de ellas:
Sistema Nacional de Discapacidad (SND): El Sistema Nacional de Discapacidad, SND, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en esta ley.
Autonomía: Derecho de las personas según su discapacidad de tomar sus propias decisiones y el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad de vida, basada dentro de lo posible en la autosuficiencia.
Participación de las personas con discapacidad: Derecho de las personas con discapacidad de intervenir en la toma de decisiones, planificación, ejecución y control de las acciones que los involucran según su discapacidad.
Situación de discapacidad: Conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales y sociales, que pueden afectar la autonomía y la participación de la persona, su núcleo familiar, la comunidad y la población en general en cualquier momento relativo al ciclo vital, como resultado de las interacciones del individuo con el entorno.
Persona con discapacidad: Es aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Esta definición se actualizará, según las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, CIF.
Descentralización: Reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de las regiones y territorios locales y de sus estructuras operativas para ampliar la democracia participativa y fortalecer la autonomía local, para lo cual, las entidades públicas del orden nacional y departamental transferirán, a los municipios los recursos que hubiesen apropiado en sus respectivos presupuestos para la ejecución de programas y proyectos formulados de conformidad a la presente ley.
Promoción y Prevención: Conjunto de medidas encaminadas a reducir la probabilidad y el riesgo a una situación de discapacidad, de la familia y la persona de conformidad a su ciclo vital, fortaleciendo estilos de vida saludable, reduciendo y promoviendo la protección de los Derechos Humanos, desde el momento de la concepción hasta la vejez.
Equiparación de oportunidades: Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden a la persona con discapacidad el goce y disfrute de sus derechos.
Habilitación/rehabilitación: Conjunto de medidas encaminadas al logro de la máxima autonomía personal y al desarrollo de competencias sociales y culturales de las personas con y en situación de discapacidad.
7. Decreto 470 de 2007: Artículo 15: “SOBRE LA DIMENSIÓN CIUDADANÍA ACTIVA. La dimensión de ciudadanía activa, en la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital PPDD reconoce a las personas con discapacidad, sus familias y a sus cuidadoras y cuidadores como personas autónomas con derechos políticos, civiles, económicos y sociales. En tal sentido, atiende tres asuntos.
1. El primero, relacionado con la ciudadanía, en tanto que ésta expresa un tipo de relación entre el Estado y las ciudadanas y ciudadanos en la cual existe correspondencia directa entre derechos y deberes.
2. El segundo, relacionado con el Estado, pues aunque la corresponsabilidad del ciudadano es fundamental en el ejercicio de la ciudadanía activa, es el Estado el principal responsable en el diseño de estrategias, la disposición de los recursos y de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.
3. El tercero, relacionado con los derechos y deberes, en tanto que son estos quienes les atribuyen a las personas capacidades para actuar y participar activamente en la vida de su comunidad y en las decisiones sobre los propósitos y las maneras como las personas quieren vivir sus vidas.
Esta dimensión, reconoce a las personas con discapacidad y sus familias como ciudadanas y ciudadanos, es decir, que actúan bajo un sentido de pertenencia a una comunidad política, lo cual les implica relaciones de interdependencia y responsabilidad con ella. Siguiendo estos lineamientos la PPDD debe:
ARTÍCULO 16°. SOBRE LOS DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN PARA LA INCIDENCIA. Siendo la participación un derecho fundamental y expresión de ciudadanía, la misma, se asume como un proceso social en el que tanto las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, como otros actores sociales y políticos actúan e inciden directa o indirectamente en la marcha de sus vidas individuales y colectivas. Por tanto la PPDD debe:
g. Diseñar y desarrollar espacios de inclusión social para la PCD sus cuidadoras, cuidadores, familias y organizaciones sociales tanto en el sector público, como en el privado. Así, las autoridades públicas deben fortalecer, incentivar y garantizar la igualdad de oportunidades para la participación, y por lo tanto, deben diseñar estrategias que disminuyan de manera decidida las barreras para el ejercicio pleno de la misma.
ARTÍCULO 31°. SOBRE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. El Distrito Capital adoptará todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de comunicar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás, mediante la forma de comunicación que se requieran.
f. Promover y mantener actualizado el registro continuo para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. g. Promover e impulsar el uso de la información estadística dentro de las entidades que conforman el Sistema Distrital de Discapacidad, con fines de planificación, seguimiento e investigación. 8. Acuerdo 137 de 2007: ARTÍCULO TERCERO: El Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condiciones de discapacidad en el Distrito Capital en todos sus niveles estará integrado a los Sistemas de Planeación y Presupuesto, a sistemas afines y a los distintos mecanismos de control social vigentes en el Distrito Capital.
Igualmente, establecerá los mecanismos adecuados de articulación con otros sistemas, entidades u organismos nacionales, que implementen acciones de prevención, cuidados médicos y sicológicos, habilitación, rehabilitación, educación, orientación, integración laboral y social y la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales de las personas en condición de discapacidad, en el Distrito Capital.
ARTÍCULO NOVENO: Son funciones de la Secretaría Técnica las siguientes:
7. “Prestar y proporcionar la logística necesaria”
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los Sistemas Locales De Atención Integral De Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital estarán conformados por la combinación de procesos de desarrollo institucional y comunitario, a través de la articulación de mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento, verificación y control social, que permitan el desarrollo de políticas, planes, programas y prestación de servicios de la población en condición de discapacidad de las localidades de conformidad con los principios que regulan la gestión administrativa.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Las Funciones de los Consejos Locales de Discapacidad serán las siguientes:
1. Promover la construcción de la política y plan local de discapacidad para que sean armónicos con el Plan Distrital de Discapacidad y el Plan de Desarrollo Local en materias relacionadas con las personas en condición de discapacidad.
2. Asesorar a las autoridades locales en la formulación de programas, planes y proyectos a favor de las personas en condición de discapacidad de la localidad.
3. Concertar los planes anuales de trabajo que se definan de las actividades que se desarrollarán de manera articulada con las otras instancias del Sistema Distrital de Discapacidad y con los distintos mecanismos de control social vigentes en el Distrito Capital.
4. Ejercer veeduría y control social sobre el desarrollo de los programas, planes y proyectos de la localidad en pro de las personas en condición de discapacidad, de acuerdo a las directrices del Plan Distrital de Discapacidad el Plan de Desarrollo Local y Distrital.
5. Asesorar a las instituciones y grupos de personas en condición de discapacidad para presentar anualmente y entre los meses de julio y agosto de cada vigencia, ante la Junta Administradora Local los proyectos sobre prevención, atención en salud, habilitación, rehabilitación, educación, orientación, integración laboral y garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales de las personas en condición de discapacidad, tendientes a mejorar el bienestar de las mismas y de sus familias, en consonancia con las políticas Distritales.
6. Realizar la actualización del Sistema Local de Información sobre demanda de servicios de salud, recreación, educación, bienestar y otros de este grupo poblacional y participar, fomentar, desarrollar, incrementar y complementar sistemas locales de información de discapacidad, articulados con el Sistema Distrital de Información.
7. Presentar un informe semestral, al Consejo Distrital de Discapacidad en los meses de Enero y Julio de cada vigencia, de la evaluación de gestión y resultados de la localidad, incluyendo los informes de gestión de cada uno de los sectores y los resultados de la gestión adelantada por cada uno de los representantes de las organizaciones locales.
8. Promover la divulgación y difusión en el ámbito local de las normas, derechos, deberes, competencias y mecanismos de participación de las personas en condición de discapacidad para favorecer su bienestar y el de sus familias.
9. Elegir a los delegados que asistirán al Consejo Distrital como representantes de los Consejos Locales de Discapacidad.
10. Elaborar su propio reglamento interno.
Atentamente, REPRESENTANTES DE LA RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL AL BIENESTAR EN SU COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LA POLITICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD.

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