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Editoriales

De las dos caras de la inclusión al descaro de la exclusión Editorial Febrero - Marzo 2011

feb-mar-2011De las dos caras de la inclusión al descaro de la exclusión

Por: Nelson Julián Villamizar
El percibir, sentir y reflexionar son ejercicios subjetivos conducentes a establecer por convenio o acuerdo mayoritario las verdades objetivas aunque siempre han de prevalecer las apreciaciones personales en cuanto se trata de emitir juicios de valor respecto a las realidades que suelen ser como dice el adagio popular “según el color del cristal con que se mire” sin embargo las verdades aunque no son absolutas, sí pueden ser evidentes y

generar consenso, aun con el consabido espacio para la contradicción o justificación que dan origen a criterios e ideologías.

Es el caso de la política pública para nuestra población mirada en dos contextos con diferencia de pensamiento y de estilo administrativo o de ejercer un gobierno como lo es el nacional con raigambre derechista, o el de Bogotá con matices centro izquierdistas que frente a un mismo compromiso estatal evidencia dos desarrollos bien distintos. De una parte en el nacional carente de políticas de estado como recientemente lo confirmo la corte constitucional con sentencia de tutela del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub que ordeno al ministerio de la Protección Social y a la procuraduría integrar una mesa de trabajo con miras al diseño de una política estatal a favor de las personas con discapacidad, especialmente niños y niñas y de otra parte en el distrital la política pública real y normatizada con el decreto 470 vigente desde el año 2007 y con claro compromiso hasta el año 2020.

El pronunciamiento de la corte constitucional en su sentencia desnuda otras dos realidades diversas, en el nacional el ministerio de protección antiguo ministerio de salud sigue teniendo la voz cantante y última palabra en cuanto a las personas con discapacidad, mientras que en el distrito capital hemos logrado posicionar nuestra temática social con una mirada multisectorial bien definida por el acuerdo 137 del 2004 que establece el sistema distrital de atención integral con un claro enfoque de derechos humanos auspiciado y promovido durante las dos últimas administraciones del P.D.A.

A quienes pretendan esgrimir la ley 1145 de 2007 como la debida respuesta del gobierno nacional frente a las responsabilidades estatales con las P.C.D. tenemos que reafirmar como lo vislumbra la corte, que está ley simplemente es una colcha de retazos que pretende cubrir los vacíos de las inexistentes políticas públicas nacionales quedando en el ejercicio social como un simple catalogo de postulados y buenas intenciones de un consejo nacional de discapacidad inoperante y con tremendos errores conceptuales, procedimentales que demuestran la falacia o hipocresía con que el gobierno nacional maltrata los asuntos de nuestra población.

Este mal habido decreto nacional revela otra profunda diferencia con relación a los procesos de participación de la ciudadanía, pues para el Gobierno Nacional el culmen participativo se relega a la ofrodiosa selección por parte de tecnócratas del ministerio de protección de nuestros voceros o representantes, felizmente en Bogotá el escenario es muy distinto nuestros actores sociales desempeñan un rol más protagónico, autónomo y democrático pues la selección es resultante de un proceso electoral donde las candidaturas movilizan ideas, programas y búsquedas de la sociedad civil que es quien libremente toma la decisión de consagrar a sus consejeras y consejeros, estatus que no alcanzan a concebir en las esferas del gobierno nacional.

En la desaforada carrera por acortar distancias frente a los inobjetables avances del distrito capital, el gobierno nacional famoso por sus “atajos”, todo vale y falsos positivos con la susodicha ley se invento otro, que hoy debería movilizar a la ciudadanía a corregir los trasfondos de esta falacia, por ejemplo, bien dice la sabiduría popular “si quieres que algo no se haga, crea a un comité” y el 1145 los crea en todos los municipios y departamentos con “perlas” como las de su artículo 16 donde no solo abre la puerta a la irresponsabilidad de los funcionarios competentes para que con licencia de corzo se abstengan de asistir o deleguen en otros sin poder de decisión si no que también restringen la participación de los representantes, limitándolos a cinco, cometiendo el exabrupto de mezclar los sectores de la población cognitiva con la del sector de discapacidad mental con un solo representante desconociendo sus diferencias.

Esta movilización debe incidir para que de una vez por todas sin más dilaciones o mamadera de gallo los representantes del gobierno nacional se pongan a tono en el concierto de las naciones unidas dejando de ser la nota discordante que nos ubica entre los países más retrógrados del planeta, acogiendo plenamente la convención que hace cinco años viene birlando desconociendo su aprobación por parte del congreso de la república hace ya dos años y que igualmente cumplimos 12 meses de la declaratoria de exequibilidad.

Por la misma corte constitucional sin que termine el raquetear o pimponeo donde el presidente y sus funcionarios nacionales nos tratan como a pelotas excluidas del juego mundial.

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